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🇩🇴 República Dominicanasábado, 17 de octubre de 2026

La prensa extranjera vuelve hoy sobre República Dominicana con una historia que ya conoce y que, sin embargo, no termina de nombrar. Infobae América dedica su pieza principal a la llamada “práctica 29”, esa denominación que no figura en ningún protocolo oficial pero que se ha instalado en el habla común para designar a los prófugos que mueren a manos de la Policía en operativos que la institución describe, invariablemente, como enfrentamientos armados. El detonante es la muerte de Aneury Santiago Cabrera Estévez, “Lucifer”, abatido a disparos por una patrulla mientras caminaba por una calle del Ensanche La Paz, en el Distrito Nacional, en un episodio del que circularon videos en redes sociales y que terminó, como tantos otros, con el cuerpo subido a una camioneta del Dicrim y con la explicación de manual: el hombre era buscado por robos y atracos, los agentes actuaron ante una situación de riesgo.

Lo genuinamente nuevo no es el caso, que se parece a los que lo precedieron, sino el modo en que el medio decide enmarcarlo. Infobae no se limita a reportar una muerte: construye el concepto. Explica que la “práctica 29” no pertenece a la doctrina policial, que es una etiqueta de los críticos, y que su fuerza no proviene de un documento sino de la repetición. Y a continuación ofrece la cifra que sostiene la sospecha: al menos 21 muertes de presuntos delincuentes en supuestos enfrentamientos con la Policía durante octubre, recogidas por recopilaciones periodísticas, en su mayoría personas señaladas por robos, atracos u homicidios. No es una acusación judicial ni una investigación independiente: es un patrón, y el periodismo extranjero lo trata como lo que es, un patrón que exige explicación.

El contraste de relatos queda expuesto con claridad. El vocero policial, Diego Pesqueira, declara al Listín Diario que “desde la Policía Nacional no existe un lineamiento para ir a atentar contra la vida de nadie”, que quien se entrega no tendrá inconvenientes y que los agentes responden de forma proporcional si son atacados. La institución exhibe un dato que considera decisivo: más de 240 personas buscadas por la Justicia se entregaron y fueron sometidas a los tribunales. Para la Policía, esa cifra demuestra que las puertas están abiertas. Para quienes denuncian la práctica, demuestra algo distinto: que la entrega es posible, y que por lo tanto la muerte no era inevitable. El medio no resuelve el debate; lo ordena, y al ordenarlo deja ver que el Gobierno y la Policía han apostado a diferenciar la entrega voluntaria de la resistencia armada, una distinción razonable en abstracto que en la calle depende por completo de la palabra del agente que dispara.

Hay que subrayar lo que este encuadre omite. La pieza no menciona mecanismos de control interno, no cita fiscalías, no describe protocolos de uso de la fuerza más allá de los principios generales de necesidad y proporcionalidad, y no ofrece el número de investigaciones abiertas ni de agentes sancionados. El contexto que acompaña la cobertura dominicana de hoy es revelador por su dispersión: fondos para una Casa de la Cultura en Italia, cuatro millones de cédulas nuevas emitidas por la Junta Central Electoral con llamado a renovar antes de abril de 2027, el rescate de un niño de cuatro años raptado frente a su casa. Institucionalidad, diáspora, trámite, crimen común. La muerte de prófugos es el único tema que incomoda, y es el único que el medio elige desarrollar.

El encuadre extranjero, entonces, no es el del escándalo ni el de la condena. Es el de la duda documentada. Infobae describe dos relatos opuestos y se queda, deliberadamente, en el espacio entre ambos: el de las autoridades que defienden sus intervenciones y el de quienes reclaman investigaciones independientes para determinar si las muertes ocurrieron en enfrentamientos reales o fuera de los procedimientos que la ley establece. Esa contención es periodísticamente correcta y políticamente incómoda, porque traslada la carga de la prueba a quien tiene el poder de aclararla. Mientras no exista una investigación que distinga un caso del otro, la expresión “práctica 29” seguirá haciendo el trabajo que ninguna institución ha hecho: nombrar lo que no está escrito en ningún manual.

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