La prensa extranjera que cubre Ecuador amaneció hoy con una rareza estadística y un crucifijo. El País América y The New York Times coinciden en la escena del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, muerto en Guayaquil al desplomarse sobre él una cruz de madera durante una misa transmitida en vivo; el diario español añade el testimonio de los fieles que interpretan la muerte como un sacrificio. Es la segunda vez esta semana que el mismo episodio ocupa el primer plano internacional, y conviene decirlo sin dramatismo: el relato ya está agotado. Lo nuevo, lo que realmente merece atención, es el otro despacho. Infobae América publica los hallazgos de una investigación del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, elaborada en el marco del proyecto Crime-Lab II de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, sobre 48 procesos judiciales por lavado de activos entre 2023 y 2025. El dato que encabeza es contundente: tres de cada cuatro expedientes examinados no llegan a sentencia. Solo ocho concluyeron con fallo; dieciséis seguían sin resolución, trece fueron archivados por falta de formulación de cargos y siete terminaron sobreseídos por ausencia de acusación fiscal.
Hay que leer con cuidado, porque el propio informe se cuida de una trampa frecuente. La nota de Infobae lo subraya: el estudio distingue entre causas pendientes y procesos cerrados sin condena, y advierte que esas categorías responden a circunstancias procesales distintas y no constituyen necesariamente casos de impunidad. Es una precisión que el titular, por su propia economía, tiende a desdibujar. Pero incluso asumiendo esa cautela, el retrato que emerge es el de un sistema que sabe abrir investigaciones y tropieza al cerrarlas. De las 249 personas naturales y jurídicas procesadas, 125 recibieron llamamiento a juicio y siguen en trámite; 42 llegaron a sentencia. En los ocho procesos concluidos, 38 personas fueron condenadas y cuatro ratificadas como inocentes. Veinte de las 28 personas naturales condenadas recibieron penas de diez o trece años. El comiso de bienes alcanzó aproximadamente 40 millones de dólares y las multas oscilaron entre 57.380 y 19,9 millones. No es un país donde el lavado quede impune por definición; es un país donde la maquinaria judicial produce condenas contundentes en una minoría de casos y deja el resto en un limbo que ninguna estadística resuelve.
Lo verdaderamente revelador está en la textura de esos procesos. El 65% involucró apenas entre una y tres personas naturales, y solo doce de los 48 expedientes incluyeron personas jurídicas, pese a que el informe señala el uso de empresas fachada, operaciones entre sociedades relacionadas y adquisición de inmuebles como mecanismos para introducir capitales ilícitos. En 26 procesos, el 54,17%, no fue posible establecer el delito precedente; entre los identificados, el narcotráfico encabeza con ocho casos y la corrupción sigue con cinco. Y hay un dato que dice más sobre la arquitectura institucional que cualquier discurso: 31 procesos, el 64,58%, comenzaron por actuaciones en flagrancia, mientras solo nueve surgieron de reportes de operaciones inusuales remitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Es decir, Ecuador persigue el lavado cuando tropieza con él en la calle, no cuando el sistema financiero lo detecta. La investigación reactiva sustituye a la inteligencia financiera, y el resultado es una persecución de individuos que rara vez alcanza a las redes económicas que los sostienen. El OECO estima que el lavado en Ecuador mueve entre 3.910 y 6.516 millones de dólares, vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción.
La mirada extranjera, sin embargo, prefiere hoy el crucifijo. No es un reproche moral: la muerte de un sacerdote en plena misa es una noticia legítima y trágica. Pero conviene señalar el desequilibrio. El mismo día en que Infobae publica un diagnóstico serio sobre la incapacidad del Estado para desmantelar las estructuras financieras del crimen organizado, El País y el Times eligen la escena del templo, y el resto de los titulares sobre Ecuador se reparte entre un pronóstico climático de El Niño que se prolongaría hasta 2027 y una pieza de divulgación sobre cocodrilos que ni siquiera es ecuatoriana. El encuadre extranjero construye así un país de fatalidades pintorescas y catástrofes naturales, donde la violencia económica se cuenta en cifras que se leen una vez y se olvidan. El informe del OECO, con sus matices y sus cautelas, merece más que eso. No porque sea alarmante, sino porque es el tipo de periodismo que permite entender por qué el Ecuador que aparece en los titulares no logra cambiar.