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🇧🇴 Bolivialunes, 26 de octubre de 2026

La prensa extranjera vuelve hoy a Bolivia con un artículo que no descubre nada nuevo, y ese es precisamente su valor. Infobae América informa que Estados Unidos incluyó a Juan Lanchipa, exfiscal general entre 2018 y 2024, en su lista de restricciones migratorias, sumándolo a Roger Mariaca, cuyo caso ya había sido cubierto. La novedad es de matiz: la ofensiva de Washington, que empezó por el fiscal en funciones, alcanza ahora al que lo precedió. El encuadre, sin embargo, es el mismo de siempre, y conviene decirlo con franqueza: el narcotráfico sigue siendo la puerta por la que la prensa internacional entra a Bolivia.

Lo que el artículo de Infobae subraya con más fuerza no es la sanción en sí, sino la trayectoria de los sancionados. Lanchipa fue elegido con el voto mayoritario del MAS en 2018, pero navegó al ritmo de los vaivenes del poder político: tras la caída de Evo Morales en 2019, impulsó procesos contra exautoridades del MAS, encarceló ministros y emitió una orden de aprehensión contra el expresidente por sedición y terrorismo. Meses después, cuando el MAS retomó el poder en noviembre de 2020, esos procesos fueron archivados por la misma Fiscalía y se abrieron juicios contra las autoridades del gobierno interino. Bajo su gestión se encarceló a la expresidenta Áñez y a dos de sus ministros. El relato que construye el medio es el de una institución que se adapta al poder de turno, y el testimonio que cita —el del exministro Jerjes Justiniano, quien cuenta que Lanchipa le dijo «a sus completas órdenes el Ministerio Público»— funciona como la anécdota que condensa el argumento: la Fiscalía como correa de transmisión, no como contrapeso.

Hay un detalle que el texto menciona de pasada y que merece más atención de la que recibe: Mariaca fue elegido en 2024 por más de dos tercios de la Asamblea Legislativa, con apoyo de todas las bancadas, y su designación estuvo marcada por acusaciones de compra de votos que nunca llegaron a probarse. El dato es incómodo porque no apunta a un partido sino al sistema completo: la unanimidad como señal de alarma. Infobae lo deja caer sin desarrollarlo, quizá porque el hilo narrativo que ha elegido —Washington contra la cúpula fiscal boliviana— no necesita explicar por qué el Legislativo votó así. Y ahí está la omisión: el artículo describe la corrupción como un problema de individuos señalados desde afuera, no como un arreglo institucional que se reproduce con votos legislativos y silencios cómplices.

El contexto que el medio ofrece al final es el que más dice sobre el momento boliviano: el Gobierno del presidente Rodrigo Paz busca estrechar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Es decir, la misma administración que denuncia una «organización criminal» en la Fiscalía es la que necesita el aval de Washington para sostener su política de seguridad. El encuadre extranjero no explora esa tensión; se limita a registrar que las restricciones «generan cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones bolivianas para prevenir redes de protección al narcotráfico dentro del aparato estatal». La frase es correcta y es insuficiente: no dice que esas redes no son un defecto del aparato sino, según el propio material, su modo de funcionamiento.

El segundo titular del día —El País sobre Narges Mohammadi— no menciona a Bolivia y no cuenta para este análisis. El panorama, por tanto, apenas se ha movido: la prensa internacional sigue leyendo Bolivia a través de la lente del narcotráfico y de las sanciones estadounidenses, y hoy solo añade un nombre a una lista que ya conocíamos. La pregunta que el artículo no se hace, y que el lector boliviano debería hacerse, es si la mirada extranjera ilumina o sustituye la propia. Porque cuando la corrupción solo existe en la medida en que Washington la certifica, el país corre el riesgo de confundir la sanción con el diagnóstico.

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