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🇨🇺 Cubalunes, 26 de octubre de 2026

La noticia que la prensa extranjera dedica hoy a Cuba es una prohibición sanitaria, y el dato importa menos por lo que prohíbe que por cómo lo nombra. Infobae América titula que el «régimen cubano» prohíbe la importación y venta de quince energizantes alcohólicos, y en ese arranque está ya todo el encuadre: la medida de un Ministerio de Salud Pública aparece, antes que como decisión regulatoria, como gesto de un régimen. No es un detalle menor ni una elección inocente del adjetivo. La misma pieza, en su cuerpo, atribuye la información a la agencia EFE y a declaraciones de la viceministra Carilda Peña recogidas por la prensa estatal, de modo que el lector asiste a una operación curiosa: el medio desconfía del marco institucional en el titular y, sin embargo, construye el relato entero con las fuentes de ese mismo marco.

Conviene detenerse en lo que el texto sí cuenta, porque no es poco. La resolución cancela registros sanitarios, prohíbe nuevas importaciones y alcanza a las existencias que siguen en comercios y en la red de distribución. Afecta a bebidas concretas —Shaka, Shaka Mixer Energy-Vodka, Vodka Energy— y deja fuera, con una precisión que merece subrayarse, a los energizantes sin alcohol y a las bebidas alcohólicas tradicionales. La justificación oficial son intoxicaciones en jóvenes: cinco casos en Sancti Spíritus el pasado agosto, uno de ellos en cuidados intensivos, y otro en La Habana con una paciente que, según el informe difundido este sábado, permanecía grave. El ministerio advierte sobre cafeína, taurina y azúcares combinados con alcohol, y enumera riesgos que van de la taquicardia a las alteraciones neurológicas. Es, en suma, la clase de medida que cualquier autoridad sanitaria del mundo podría firmar.

Y aquí está el matiz que la mirada extranjera deja escapar. El encuadre de Infobae convierte una advertencia de salud pública en un episodio más de la crónica del control estatal, y al hacerlo pierde lo que la propia noticia tiene de revelador: que el Estado cubano reconoce, con nombres y cifras, un problema de consumo de alcohol entre jóvenes, y que lo aborda retirando productos del mercado en lugar de silenciar los casos. El texto, además, no oculta sus propios límites: las autoridades no precisaron cuándo concluirá la cancelación de los registros ni detallaron el volumen de producto que aún permanece en los comercios. Esa opacidad es real y el medio hace bien en señalarla. Pero señalarla no equivale a explicar la medida, y el titular opta por lo primero.

Hay, por último, una ausencia que dice tanto como el resto. La pieza no menciona el precio de estas bebidas, ni quién las importaba, ni qué lugar ocupan en el mercado informal de la isla, ni si su prohibición abre o cierra espacios a otros productos. Son preguntas que un lector atento se hará y que el texto no responde. La prensa extranjera que hoy cubre Cuba ha elegido contar esta jornada como un acto de autoridad, no como un problema de salud. La diferencia entre ambos relatos no es semántica: es la diferencia entre informar sobre lo que un país hace y limitarse a recordar quién lo gobierna.

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