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🇨🇱 Chiledomingo, 1 de noviembre de 2026

La prensa extranjera que cubre Chile vuelve hoy sobre el mismo expediente que lleva días dominando su agenda, y lo hace con un desplazamiento que conviene registrar: ya no discute el decreto, discute su costo humano. El País América publica el testimonio de Lisette, una de las víctimas de los 56 condenados por delitos sexuales cuyas penas fueron rebajadas mediante decretos firmados, en su mayoría, por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Lo que el diario subraya no es la cifra ni la firma, sino la escena: la mujer se enteró por Televisión Nacional de que su agresor estaba en libertad. "Yo no creía que lo habían soltado", dice. Y añade lo que ahora espera: una orden de alejamiento, porque "lo que yo no quiero es verlo".

Ese es el ángulo nuevo, y es un ángulo de intimidad. Durante días la cobertura internacional trató el caso como un conflicto entre poderes, con el Ejecutivo de José Antonio Kast por un lado y la justicia por otro, y con el reconocimiento presidencial del "error" y del "Estado falló" como clímax narrativo. Hoy el foco se corre hacia el lugar donde esas categorías se vuelven cuerpo: una víctima que se entera por televisión, no por el Estado, de que el hombre que la agredió camina libre. El País no necesita adjetivos para armar el argumento; le basta con la cronología del asombro.

El segundo titular del día, del mismo medio, completa el marco: "El Gobierno de Kast, atascado en sus propios errores, llega a un punto de inflexión". Es una pieza de balance, y conviene leerla como lo que es: la prensa extranjera ya no cubre un decreto, cubre un ciclo político. El hilo que traza es el de la incompetencia administrativa que se convierte en crisis de legitimidad, y el caso de las condenas rebajadas funciona como prueba, no como excepción. La mirada de afuera, que empezó preguntando por la legalidad de las firmas, termina preguntando por la capacidad del Gobierno para sostener lo que firma.

Hay, sin embargo, un silencio que merece señalarse. En el material disponible no aparece la voz del Ministerio de Justicia respondiendo al testimonio de Lisette, ni una explicación oficial sobre cómo se comunicó —o no— la liberación a las víctimas. El País consigna que Rabat firmó los decretos y que la mujer se enteró por TVN; no consigna, al menos en lo publicado, qué dice el Gobierno sobre ese modo de enterarse. La omisión puede ser del artículo o del Ejecutivo, pero en cualquier caso deja el flanco abierto: la prensa extranjera está contando esta historia desde el dolor de quien espera una orden de alejamiento, y el Estado, por ahora, no tiene papel en esa escena salvo el de ausencia.

No hay giro de los acontecimientos, pues; hay un cambio de lente. La cobertura internacional sobre Chile se ha movido del decreto a la víctima, del conflicto institucional al costo concreto, y ese movimiento es más difícil de desmentir que una cifra. Cuando el testimonio de una mujer que se entera por televisión de que su agresor está libre se convierte en la entrada del artículo, el debate sobre la legalidad de las firmas queda en segundo plano. La pregunta que la prensa extranjera formula hoy a Chile no es si el decreto era válido, sino quién le avisa a Lisette.

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