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🇧🇴 Boliviamartes, 3 de noviembre de 2026

The Guardian elige hoy un rincón del Amazonas boliviano para contar una historia que, vista desde La Paz, incomoda más de lo que parece: Mayaya, un pueblo que hace una década era remoto, convertido en centro de la fiebre del oro por empresas mineras privadas chinas. El texto, firmado por su corresponsal y fruto de cinco días de convivencia con mineros, inversores y comerciantes chinos, describe unas veinte minas a cielo abierto y doce dragas operadas por unos dos mil trabajadores bolivianos y doscientos chinos. La escena inicial —un hombre de Heilongjiang friendo panceta de cerdo mientras declara que Bolivia es su “lugar feliz”— es literatura de color, pero el artículo no se queda ahí: traza un hilo económico y legal que merece atención.

Lo que el diario británico subraya es la arquitectura jurídica de esa bonanza. Recuerda que una ley de 2014 reserva los derechos mineros a cooperativas, mineros independientes, empresas estatales y compañías privadas nacionales o extranjeras, con la condición de que estas últimas tengan oficina registrada en Bolivia y operen en su propio nombre; admite empresas conjuntas, arriendos y acuerdos de riesgo compartido, pero solo mediante contratos público-privados en los que el Estado sea accionista. Añade que una ley de 2016 expone a las cooperativas a la expropiación si contratan, arriendan o comparten riesgos de concesión con firmas extranjeras. Con ese marco sobre la mesa, el artículo sostiene que las mineras chinas que operan fuera de él actúan ilegalmente, y cita al investigador Alfredo Zaconeta, del centro ambiental Cedla, para quien esas empresas se esconden detrás de las cooperativas: firman contratos de servicios, aportan capital y maquinaria, pero controlan la mina de punta a punta —eligen el sitio, contratan al personal, exportan el oro— y se quedan con el 75% o el 80% de las ganancias. Zaconeta añade que el Estado carece de recursos y de voluntad política para vigilar al lobby minero.

El encuadre tiene virtud y tiene sombra. La virtud es haber ido al terreno y haber puesto nombre y cifra a un fenómeno que la prensa regional suele despachar con adjetivos. La sombra es que el relato se ordena casi por completo alrededor de la responsabilidad china: el título habla de cigarrillos chinos y cerveza boliviana, y el hilo narrativo es el de una migración empresarial que llegó tras la prohibición de la minería aurífera a pequeña escala en China en 2017. El Estado boliviano aparece, en cambio, como una ausencia: se lo menciona para constatar que no fiscaliza, no para preguntar por qué. La ley existe, el artículo lo dice; lo que no explora es la cadena de decisiones políticas que permitió que esa ley se volviera decorativa durante casi una década. Tampoco aparece la voz de las comunidades indígenas o de los trabajadores bolivianos afectados por el mercurio que, según el propio texto, se mezcla con el lodo y se quema para obtener el oro. El artículo menciona la deforestación y el conflicto violento en su entradilla, pero no los desarrolla.

Hay un dato que el diario deja caer sin subrayarlo y que, sin embargo, es el más revelador: buena parte del oro de Mayaya termina en Dubái mediante exportaciones ilegales. Es decir, el problema no es solo de quién extrae, sino de hacia dónde fluye el metal y quién se beneficia de esa opacidad. El texto se detiene antes de esa pregunta. La mirada extranjera, esta vez, señala con precisión el mecanismo de la explotación, pero esquiva la responsabilidad del eslabón siguiente. Es un buen reportaje que, como casi todos los que llegan de afuera, prefiere contar la historia del intruso antes que la de la casa que lo dejó entrar.

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