La prensa extranjera vuelve hoy sobre Nicaragua con un trámite administrativo español y lo presenta, con toda razón, como lo que es: la constatación de que el Estado nicaragüense ha fabricado apátridas y de que alguien, desde Europa, les devuelve un pasaporte. Infobae América informa que el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto que concede la nacionalidad a Félix Maradiaga, precandidato presidencial en 2021, detenido antes de las elecciones y expulsado en febrero de 2023 junto con otros 221 presos. La misma vía —la carta de naturaleza, un mecanismo graciable que el Gobierno español decide a discreción— ha beneficiado, según el seguimiento de resoluciones que cita el medio, a 214 nicaragüenses exiliados o expulsados desde 2023. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cifró en al menos 546 los despojados de su nacionalidad desde febrero de 2023. El encuadre, pues, es el de una reparación: España recoge lo que Managua tira.
Conviene detenerse en el detalle, porque ahí está la historia que el titular comprime. Maradiaga relató, según Infobae, que él y los demás liberados no fueron informados de que perderían la ciudadanía antes de abordar el avión; firmaron un documento breve que hablaba de salida voluntaria y conocieron el alcance de la decisión ya fuera del país. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, había reformado el artículo 21 de la Constitución y aprobado la Ley 1145 para que los condenados bajo la Ley 1055 —la norma con la que el oficialismo califica de traidores a la patria a sus opositores— perdieran la calidad de nacionales. Es decir: primero se legisla la expulsión de la ciudadanía, después se aplica, y el resultado se presenta como consecuencia jurídica y no como lo que es, una pena añadida a la cárcel y al destierro. La prensa extranjera lo subraya con precisión administrativa, y hace bien, pero el retrato se queda casi siempre en el gesto humanitario del país que acoge y rara vez se detiene en la mecánica del que despoja.
Hay un segundo matiz, y es el que hoy distingue la jornada de las anteriores. El resto de los titulares dibuja un país que no solo expulsa a sus opositores, sino que se encoge por dentro: el temporal de lluvias que mantiene en alerta al país, el cierre de empresas en zonas francas y El Niño como frenos a la economía en 2026, y la fundadora del Teatro Justo Rufino Garay contando cómo el régimen tomó la histórica sala. La mirada de afuera empieza a componer, sin proponérselo, un inventario que va del dirigente desnacionalizado al espacio cultural confiscado, del exilio premiado en Madrid a la economía que se apaga. Ese es el hilo que vale la pena señalar: la desnacionalización y la confiscación del teatro son la misma operación contada en dos escalas, la del dirigente y la de la sala. Lo que la prensa extranjera aún no termina de nombrar es que no se trata de episodios sueltos, sino de un método.
Lo que el encuadre omite también merece decirse. Las cifras de España —214 nacionalizados, 5.747 protegidos entre 2018 y 2025 tras 20.931 solicitudes de asilo— son una fotografía del exilio, no de sus causas, y el lector extranjero se queda con la generosidad del país receptor más que con la responsabilidad del que expulsa. Y el dato de que los nicaragüenses figuren entre los diez grupos de extranjeros que más obtuvieron la ciudadanía española en 2025 dice tanto de la magnitud de la diáspora como de la normalización de una anomalía: que un Estado pueda dejar sin patria a centenares de sus ciudadanos y que eso se registre, en la prensa de afuera, como una buena noticia consular.
No es un mal día informativo para Nicaragua, aunque lo parezca. Es un día en que la prensa extranjera cuenta, con la frialdad del Boletín Oficial, que la apatridia tiene remedio lejos de casa. El editorial que corresponde no celebra el pasaporte español de Maradiaga: constata que hizo falta.