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🇩🇴 República Dominicanasábado, 7 de noviembre de 2026

Hay días en que la prensa extranjera elige contar a República Dominicana por lo que pasa en sus puertos, y días en que la cuenta por lo que pasa en sus instituciones. Hoy Infobae América escoge lo segundo, y el resultado es un texto que, bajo la apariencia de una efeméride, contiene la lectura más política que el país ha recibido en semanas. El pretexto es el aniversario: la Constitución dominicana cumple 182 años desde su proclamación en San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, y acumula 40 reformas. El dato, seco, ya dice algo que el país no suele subrayar de sí mismo: cuarenta modificaciones en 182 años equivale a una reforma constitucional cada cuatro años y medio, es decir, casi una por período presidencial. La Carta Magna dominicana no ha sido un marco estable sino un terreno en disputa, y el medio lo enuncia sin adjetivos, dejando que la aritmética haga el trabajo.

Lo genuinamente nuevo del texto no está en el aniversario sino en cómo Infobae hilvana la historia. Empieza por el artículo 210, la cláusula que permitió a Pedro Santana dictar "todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna", aprobada bajo presión cuando el general se negó a jurar el texto que los diputados habían redactado porque le parecía insuficiente. El medio recupera incluso el discurso inaugural de Tomás Bobadilla, que llamó a Santana "esperanza de la Patria" y a Juan Pablo Duarte "joven inexperto" que nunca había hecho otra cosa que comprometer la seguridad del país. Ese contraste, puesto así, no es un detalle de erudición: es la tesis del artículo. La Constitución dominicana nació, según esta lectura, de una negociación entre el poder civil que quería reglas y el poder militar que exigía excepciones, y buena parte de sus cuarenta reformas posteriores han sido episodios de esa misma tensión. La primera, en 1854, bajo el gobierno dictatorial de Santana, extendió el mandato presidencial a seis años y creó el Senado Consultor.

El encuadre extranjero, sin embargo, no se queda en el pasado. Infobae conecta esa genealogía con la reforma más reciente, en vigor desde el 27 de octubre de 2024, bajo el gobierno de Luis Abinader: la unificación de las elecciones, la reducción de la Cámara de Diputados a 170 integrantes, las nuevas reglas para impedir que los cambios constitucionales beneficien a quienes ocupan cargos electivos, el traslado al Consejo Nacional de la Magistratura de la selección del procurador general y el refuerzo del límite de dos períodos presidenciales. Es una elección editorial significativa. El medio no presenta la reforma de 2024 como una ruptura sino como el eslabón más reciente de una serie, y al hacerlo sugiere una pregunta que no formula: si la Constitución dominicana ha servido históricamente para ampliar o para acotar el poder presidencial, ¿en cuál de las dos direcciones apunta esta vez. La respuesta que el texto insinúa, sin decirla, es que la reforma de Abinader se lee a sí misma como un intento de acotar, y que esa es precisamente la novedad que la prensa de afuera registra.

Hay un segundo hilo, y es el que más incomoda. El artículo cierra con la audiencia del Tribunal Constitucional en San Cristóbal, sus trece integrantes encabezados por Napoleón Estevez, y con las palabras del magistrado Domingo Antonio Gil sobre el artículo 69: la tutela judicial efectiva obliga al Estado a garantizar una justicia accesible, oportuna y gratuita, y ese mandato alcanza "sin excepción alguna" a militares y policías. "De lo contrario, todo será una selva", dijo Gil. El texto añade un dato que convierte la reflexión jurídica en advertencia concreta: entre los asistentes estaba el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, "cuestionado por el aumento de presuntos delincuentes muertos en supuestos intercambios de disparos con agentes", y precisa que cifras periodísticas registraron al menos 56 fallecimientos de ese tipo durante octubre. La mención no es gratuita. Infobae elige cerrar su pieza sobre los 182 años de constitucionalismo dominicano no con una loa sino con la escena de un juez recordándole al jefe de la Policía, en presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, que la Constitución prohíbe la justicia del talión. Es una escena de tensión institucional, y el medio la deja hablar sola.

Lo que la mirada extranjera omite también merece decirse. El texto no entra en el debate sobre la calidad democrática del país, no cita a la oposición, no menciona las críticas que la reforma de 2024 suscitó en su momento ni las que persisten sobre la concentración de poder. Tampoco contextualiza las 56 muertes de octubre más allá de la frase "cuestionado por el aumento", sin cifras comparativas ni respuesta oficial. El encuadre es el de una efeméride ilustrada: historia constitucional, reforma reciente, exhorto judicial. Es un retrato más favorable que el del decomiso de habichuelas, pero no es neutral: es el retrato de un país que se piensa a sí mismo a través de su derecho, y esa es una construcción tan editorial como cualquier otra.

Para un lector dominicano, la utilidad del texto está en el espejo. La prensa de afuera ve hoy a República Dominicana como un país que lleva 182 años discutiendo cuánto poder debe tener su presidente, y que en 2024 hizo su reforma número cuarenta para responder, otra vez, la misma pregunta. Visto así, el artículo 210 de Santana y el límite de dos períodos de Abinader no son polos opuestos sino dos momentos de una misma conversación. Que un medio extranjero lo cuente de este modo, con nombres, fechas y cláusulas, es una invitación a que el país se lo cuente también a sí mismo sin el atajo de la celebración. La Constitución no cumple años: acumula disputas. Y esa, quizá, sea la forma más honesta de felicitarla.

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