Hay una escena en el texto que Infobae América publica hoy sobre los 182 años de la Constitución dominicana que merece más atención de la que el propio medio le concede. El pleno del Tribunal Constitucional se traslada a San Cristóbal, a conmemorar la proclamación de 1844, y allí el magistrado Domingo Antonio Gil pronuncia una frase que el diario recoge: militares y policías deben acudir a los tribunales cuando persigan delitos o busquen proteger derechos, "sin excepción alguna". La advertencia no es retórica. En la misma audiencia está sentado el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, y el artículo añade, con la sobriedad de un dato incómodo, que ese jefe policial ha sido cuestionado por el aumento de presuntos delincuentes muertos en supuestos intercambios de disparos con agentes: al menos 56 fallecimientos de ese tipo durante octubre, según cifras periodísticas que el medio cita sin desarrollar.
Ahí está el encuadre. La prensa extranjera no cubre hoy a República Dominicana por sus playas ni por sus cifras de crecimiento, sino por una ceremonia institucional en la que un juez constitucional le recuerda al Estado, delante de la vicepresidenta Raquel Peña y del propio jefe policial, que la Constitución prohíbe la justicia del talión. El magistrado lo dice con una fórmula que el texto reproduce: "De lo contrario, todo será una selva". Es una imagen fuerte, y el medio la deja pasar sin subrayarla, como si el contraste entre el artículo 69 —tutela judicial efectiva, debido proceso, justicia accesible, oportuna y gratuita— y los 56 muertos de octubre fuera un detalle de color y no el verdadero titular de la jornada.
El resto del texto es historia constitucional. Infobae América, citando a Diario Libre, recorre las 40 reformas desde 1844, se detiene en el artículo 210 que Pedro Santana exigió para poder dictar órdenes "sin estar sujeto a responsabilidad alguna", recuerda que Tomás Bobadilla llamó a Santana "esperanza de la Patria" y a Juan Pablo Duarte "joven inexperto", y llega hasta la reforma vigente desde octubre de 2024, que unificó elecciones, redujo la Cámara de Diputados a 170 integrantes y reforzó el límite de dos períodos presidenciales. Es un material valioso, pero colocarlo como eje del día tiene un efecto curioso: convierte una advertencia contemporánea sobre el uso de la fuerza en un episodio más de una larga genealogía de tensiones entre el poder y la norma. Todo queda ordenado en el pasado, incluso lo que está ocurriendo ahora.
Los otros dos titulares del día completan el cuadro con una lógica que ya es familiar: la detención de un tal Kiko por ofrecer premios y bendiciones a cambio de bienes, y una dominicana condenada a 27 meses de prisión por fraude a los programas de desempleo creados durante la pandemia en Estados Unidos. Son notas de suceso y de tribunal extranjero, y no pretenden otra cosa. Vistas junto al texto principal, sin embargo, dibujan una mirada que prefiere a República Dominicana en clave de anécdota, de efeméride o de caso individual, y que solo de manera oblicua, casi por descuido, deja asomar lo que de verdad está en juego: un país donde el máximo tribunal constitucional siente la necesidad de recordarle a su propia policía, en voz alta y en público, que nadie está por encima de la ley.
No es que el panorama se haya movido mucho. Es el mismo día institucional de siempre, contado con el mismo repertorio. Pero hay un matiz nuevo, y está en esa sala de San Cristóbal: la prensa extranjera, sin proponérselo, ha registrado el momento en que la Constitución dominicana deja de ser una reliquia de 40 reformas y se convierte en una pregunta abierta sobre quién la aplica y cómo. El medio no la formula. Se limita a transcribir al juez. A veces basta.