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🇻🇪 Venezuelamiércoles, 11 de noviembre de 2026

La noticia de hoy tiene el mérito de ser la primera en semanas que habla de Venezuela como un país que toma decisiones sobre sí mismo, y no como un escenario visitable o una vitrina. Infobae América informa que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que abre la generación y la comercialización de energía a operadores privados y empresas mixtas, con concesiones de hasta 25 años. Es un dato institucional, verificable, con fechas y con votos. Después de días en que la mirada extranjera trató al país como experiencia sensorial o como objeto de exhibición, este texto lo trata como lo que es: un Estado que legisla, aunque sea tarde y bajo presión.

El encuadre de Infobae, sin embargo, no es neutral y conviene leerlo con atención. La pieza enmarca la reforma dentro de una transformación más amplia de las reglas económicas, cuyo antecedente es la modificación de la legislación petrolera a comienzos de año, y la conecta de inmediato con la firma de un memorándum de entendimiento entre ExxonMobil y el régimen venezolano el lunes, tras casi dos décadas de distanciamiento desde la nacionalización de 2007. El hilo narrativo es claro: apertura económica como respuesta a la crisis, y la crisis como telón de fondo. El texto no oculta el deterioro —apagones, variaciones de voltaje, insuficiencia de inversiones, aumento de la demanda— ni el contexto de cuestionamientos sobre la administración de recursos públicos y la corrupción durante los años de predominio estatal. Hasta ahí, el retrato es sobrio y documentado.

Lo que el encuadre subraya con más fuerza es la presión externa. Infobae afirma que la apertura se desarrolla bajo presión de la administración de Donald Trump, que desde la captura de Nicolás Maduro en enero promueve el regreso de inversiones estadounidenses, y recoge que Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, había advertido que la recuperación petrolera requería cambios profundos en las condiciones políticas y económicas. Es decir: la reforma eléctrica aparece no como iniciativa soberana sino como eslabón de una secuencia dictada desde fuera, y la declaración de la presidenta interina sobre la seguridad jurídica para las inversiones de Exxon se lee en ese mismo registro. El medio no lo dice con todas las letras, pero la arquitectura del texto sugiere que Venezuela legisla para tranquilizar a inversionistas extranjeros más que para resolver el suministro de sus hogares.

Ahí está el matiz que conviene señalar. La pieza dedica párrafos a las condiciones para el capital —concesiones de 25 años, autorizaciones, empresas mixtas— y apenas una frase al hecho de que el Estado conserva una posición estratégica en la regulación. No hay voces de usuarios, de trabajadores del sector, de expertos eléctricos independientes, ni mención de cuánto capital se necesita ni de plazos realistas para que la red deje de fallar. El apagón como experiencia cotidiana desaparece detrás del apagón como problema de inversión. Es un encuadre legítimo para un medio económico, pero es un encuadre: la crisis eléctrica contada desde la mesa de negociación, no desde el interruptor.

El contraste con el otro titular del día es casi pedagógico. France 24 Español informa sobre la supervivencia de Pete Hegseth y el frustrado intento de destituirlo al frente del Pentágono. Venezuela no aparece. Ayer este tablero señalaba la ausencia del país en la agenda extranjera; hoy aparece, pero solo a través de una reforma que la prensa lee en clave de inversión y presión externa. Entre el silencio y el encuadre financiero hay un territorio que la mirada de afuera sigue sin ocupar: el de los venezolanos que abren el interruptor cada mañana y comprueban si hay luz. La reforma es una noticia real y merece ser contada. Que se cuente casi exclusivamente como gesto hacia ExxonMobil y hacia Washington dice menos de Venezuela que de los ojos que la miran.

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