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🇨🇺 Cubadomingo, 15 de noviembre de 2026

La prensa internacional que cubre Cuba dedica hoy su pieza de análisis más densa a un mecanismo que encarna una paradoja institucional: el Gobierno abre una plataforma de consulta ciudadana sobre 176 medidas económicas que ya fueron aprobadas, normadas y parcialmente implementadas hace meses. Infobae América, que es quien desarrolla esta historia, no disimula el problema de fondo: se trata de una participación ex post facto, un ejercicio de recogida de opiniones que llega después de que las decisiones han sido tomadas por órganos de partido y Estado, y después de que 131 normas jurídicas ya hayan sido publicadas en la Gaceta Oficial.

El encuadre es importante porque revela cómo la prensa extranjera está interpretando lo que sucede en la isla en materia de gobernanza. No como apertura democrática, sino como un ejercicio de legitimación tardía. El artículo subraya que la Constitución de 2019 reconoce derechos de participación ciudadana, pero que la ausencia de consulta previa no determina por sí sola la invalidez jurídica del programa. Es una frase técnica que en realidad dice algo más directo: el Gobierno está dentro de sus facultades legales, pero eso no significa que esté respondiendo al espíritu de participación que su propia Constitución proclama.

Lo que la cobertura internacional destaca, sin embargo, va más allá de la arquitectura legal. Infobea América dedica un esfuerzo considerable a documentar las limitaciones materiales que rodean a Soberanía. En Santiago de Cuba, las autoridades reconocieron que entre 140 y 150 estaciones de telefonía móvil quedan fuera de servicio diariamente por falta de energía o combustible. Esto no es un detalle marginal en una plataforma digital. Es el corazón del problema: millones de personas que viven en zonas rurales, adultos mayores, familias con menores ingresos, todos aquellos que sufren con mayor intensidad los apagones, quedan de facto excluidos de una consulta que se supone abierta a todos. La muestra de opiniones, advierte el análisis, puede quedar condicionada por la capacidad de conexión de los participantes y no reflejar a los sectores más afectados por las reformas.

Esto es lo que la prensa extranjera está viendo: no una conspiración, sino una contradicción operativa. Un Gobierno que intenta abrir espacios de participación en medio de una crisis de infraestructura que hace imposible que amplios sectores de la población participen. Y luego está el riesgo político que Infobae América también señala con claridad: la posibilidad de que las cifras de participación sean presentadas como respaldo social a decisiones ya adoptadas, incluso si las respuestas incluyen críticas o rechazos. Cuando quien controla las preguntas, clasifica las opiniones, interpreta los resultados y decide las consecuencias posteriores es el mismo Estado que tomó las decisiones originales, el círculo de legitimación está cerrado antes de que comience.

El contexto más amplio de los titulares de hoy refuerza este encuadre. Mientras Soberanía se abre, la crisis de energía provoca protestas en Calabazar, 22.000 trabajadores del sector turístico están desplazados temporalmente, y las organizaciones humanitarias y religiosas amplían la asistencia porque las familias vulnerables no pueden esperar a que las reformas funcionen. La plataforma de participación existe en un mundo donde una enfermera intensivista se convierte en asistente de cocina en Panamá, y donde una mujer de 75 años cuida a su hermano enfermo con la ayuda de sus vecinos. Es decir, existe en el mundo real, no en el mundo de las normas jurídicas y los procedimientos administrativos.

La prensa internacional no está diciendo que Soberanía sea un fraude. Está diciendo algo más matizado y posiblemente más incómodo: que es un ejercicio de participación que llega tarde, que funciona en un contexto de desigualdad de acceso, y que su capacidad para producir cambios reales en decisiones ya tomadas sigue siendo opaca. En otras palabras, que el Gobierno de Cuba está intentando hacer participativa una reforma que fue diseñada de manera centralizada, y que esa tensión entre el momento de la decisión y el momento de la consulta, entre la capacidad técnica para participar y la realidad material de los apagones, es la verdadera historia.

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