La prensa extranjera que cubre Guatemala amanece hoy con un dilema que la fotografía de Infobae América expone sin pretenderlo: la legitimidad de las medidas de excepción cuando el Estado que las declara está, él mismo, tejido en la trama del crimen que dice combatir.
El decreto de estado de sitio en Zacapa e Izabal no es noticia por su legalidad —el artículo 138 de la Constitución lo ampara, y Infobea lo documenta con precisión—, sino por el contexto que lo rodea. El Gobierno de Arévalo ha argumentado que narcotráfico y grupos terroristas justifican la suspensión temporal de garantías constitucionales. Las cifras hablan por sí solas: ocho muertos en Huité el 27 de septiembre, un diputado asesinado el 6 de noviembre, cinco civiles acribillados el 13 de noviembre, dos hombres abatidos en Puerto Barrios el mismo día. La violencia es real. Las fuerzas de seguridad necesitan herramientas. Hasta aquí, el relato es convencional.
Pero la prensa internacional, particularmente Infobae, ha detectado algo que complica la narrativa oficial: la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, organizó una fiesta de quince años para su hija el 24 de octubre, apenas días antes de que la región explotara en sangre. El novio de la alcaldesa, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Su cuñado, Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, es uno de los capos más buscados por la DEA, líder del cartel Los Lorenzana. La alcaldesa que ahora vive bajo estado de sitio está casada con un narcotraficante condenado y emparentada con otro de los grandes operadores del crimen transnacional en Centroamérica.
Aquí reside la ironía que la cobertura extranjera no puede evitar: el Gobierno declara la emergencia para contener al narcotráfico mientras las autoridades locales en la zona de emergencia tienen nexos documentados con el mismo narcotráfico. No es una acusación de conspiración, sino un retrato de la permeabilidad del Estado. El estado de sitio puede ser necesario. Las detenciones sin orden judicial, los allanamientos sin autorización previa, la restricción de movimiento pueden ser, en teoría, herramientas legítimas contra una amenaza real. Pero la prensa internacional está subrayando que estas herramientas se desplegarán en un territorio donde la frontera entre autoridad pública y crimen organizado es, en el mejor de los casos, borrosa.
Infobea también reporta que 107 militares fueron puestos a disposición del Ministerio Público tras los ataques en Huité, porque el Ejército participó en operaciones en el área sin aclarar completamente su rol. Esto añade otra capa de desconfianza: ¿quién garantiza que las facultades excepcionales otorgadas al Ejecutivo, ejercidas a través del ministro de Defensa, no serán capturadas por los mismos actores que el decreto pretende neutralizar?
La cobertura extranjera no es hostil al Gobierno de Arévalo. Infobea reporta también que Guatemala refuerza convenios contra el crimen organizado transnacional y que el Ministerio de Agricultura monitorea municipios por riesgos climáticos. Hay espacio para otras historias. Pero el hilo narrativo que emerge es claro: Guatemala enfrenta una crisis de seguridad genuina en zonas donde la captura del Estado por actores criminales es un hecho documentado, no una sospecha. El estado de sitio puede ser proporcional a la amenaza. Lo que no es claro es si las instituciones que lo ejecutarán están en condiciones de hacerlo sin reproducir, a escala mayor, los mismos patrones de cooptación que lo hicieron necesario.