La prensa internacional que hoy cubre Ecuador descubre algo que no había visto con claridad hasta ahora: la violencia ecuatoriana no es solo un problema que el país padece, sino un problema que el país exporta, y que otros países —en este caso la administración estadounidense— están dispuestos a resolver con métodos que desafían toda legalidad conocida.
The Guardian publica hoy el relato de dieciséis pescadores ecuatorianos que demandan al gobierno de Trump por el hundimiento de su barco en marzo de este año. Los hechos son directos: un ataque de drones estadounidenses hundió la embarcación La Negra Francesca Duarte II, dejó dos hombres con quemaduras graves en piernas, brazos y espalda, y la tripulación completa fue detenida durante semanas en un centro de detención en El Salvador. El barco había sido inspeccionado por autoridades ecuatorianas días antes, que determinaron que no llevaba drogas ni tenía conexión con carteles. Ecuadorian authorities inspected the boat for themselves and determined it was not carrying drugs, nor its crew affiliated with any cartels, dice el texto.
Lo que reorienta la narrativa internacional es el contexto más amplio. La Washington Office on Latin America estima que la campaña estadounidense denominada Operation Southern Spear ha matado a cerca de 250 personas en ataques similares en el Pacífico y el Caribe. La organización considera estos actos ejecuciones extrajudiciales porque el gobierno estadounidense no ha proporcionado prueba alguna de que las víctimas estuvieran involucradas en tráfico de drogas. El abogado que representa a los pescadores, Dan Kovalik, subraya algo que la prensa extranjera encuentra particularmente notable: "the US public and media have been, honestly, not outraged enough about these strikes".
Aquí está el giro en el encuadre. Ecuador aparece hoy no como el país que no puede controlar su violencia, sino como el país cuya violencia —real o atribuida— ha justificado una campaña militar estadounidense sin autorización del Congreso, sin pruebas forenses de culpabilidad, y con un saldo de vidas que nadie disputa. El abogado de los pescadores lo dice sin rodeos: "There is no actual armed conflict that could justify the use of military force against the boats". La administración Trump anunció Operation Southern Spear en noviembre de 2025 como respuesta a lo que llamó "narco-terrorismo" en el Caribe y el Pacífico. La prensa extranjera que hoy cubre esto no pregunta si el narco-terrorismo existe o no. Pregunta, más bien, si existe algún mecanismo legal que justifique lo que se está haciendo en nombre de combatirlo.
El Departamento de Defensa estadounidense se negó a comentar sobre el litigio pendiente. En junio, cuando los detalles del ataque emergieron por primera vez, el Pentágono y la Guardia Costera negaron haber participado en operaciones contra barcos de pesca ecuatorianos. Luego vino la demanda, y ahora la negación resulta más frágil aún.
Lo que la prensa internacional ve en esto es una escalada de la proyección estadounidense en la región, revestida de urgencia antidrogas pero ejecutada sin los frenos legales que supuestamente distinguen a las democracias de los regímenes arbitrarios. Y ve a Ecuador no como víctima de su propia violencia —ese era el encuadre anterior—, sino como el territorio donde esa violencia se ha vuelto tan visible, tan intolerable para Washington, que justifica intervenciones militares sin precedentes. Los pescadores demandantes esperan que los demócratas que asuman el control del Congreso en enero lancen investigaciones. El abogado Kovalik lo dice así: "I think it will have that impact". Pero mientras tanto, el relato internacional sobre Ecuador cambia: ya no es solo un país en crisis de seguridad. Es un país cuya crisis de seguridad ha activado una respuesta militar extranjera que la prensa extranjera comienza a ver como la verdadera amenaza al estado de derecho.