La prensa internacional descubre hoy un hilo narrativo que México ha estado tejiendo en silencio durante años: el de una institución especializada que funciona. No es el titular más ruidoso del día, pero es quizá el más incómodo, porque desafía la lógica de inevitabilidad que ha dominado la cobertura externa sobre la violencia de género en México.
El artículo que circula en medios anglosajones sobre la Unidad de Feminicidios de la Ciudad de México construye un relato que la prensa internacional rara vez se permite: el de una política pública que produce resultados medibles. La cifra es clara y está ahí, sin ambigüedades: de 1,022 feminicidios en 2021 a 736 en 2023. Una caída del 28 por ciento. No es una solución, pero es una dirección, y eso es lo que hace incómodo el relato para quien está acostumbrado a ver a México como un país donde nada funciona, donde la violencia es sistémica y terminal.
Lo que el medio internacional subraya, con cierta admiración contenida, es que la especialización importa. La creación de una unidad dedicada, liderada por mujeres, con protocolos específicos, con tecnología, con detectives que rastrean TikToks y mapean rutas de bicicleta, con psicólogos y fotógrafos forenses: todo eso produce un cambio. Eduardo Guerrero Gutiérrez, citado en el artículo, ofrece la explicación que Occidente quiere escuchar: que antes había políticos que "no tomaban estos asuntos en serio", y ahora hay profesionales. Es la narrativa del progreso tecnocrático, del Estado que por fin se comporta como debe.
Pero hay algo más sutil en cómo se encuadra esta historia. La prensa extranjera está diciendo que México puede mejorar en violencia de género si hace lo que los países desarrollados hacen: especializar, profesionalizar, usar tecnología. Es una narrativa que reconoce un problema estructural pero lo resuelve a través de la competencia institucional. No pregunta por qué fue necesario que activistas feministas en 2017 exigieran un fiscal especializado después de que un juez describiera a una víctima como "deserora universitaria que bebía y consumía drogas". No pregunta por qué la violencia de género llegó a 1,022 muertes en un solo año. Pregunta, en cambio, qué hace que una unidad de 86 personas logre lo que el resto del sistema no logró.
El relato de Paz Rodríguez, la hija que encontró a su madre Melesia García asesinada en 2021, sirve como anclaje emocional. Pero también como prueba de que cuando el sistema funciona, funciona: cuatro años después, ADN vinculó a dos vecinos con el crimen. Es una historia de justicia, pero también de paciencia extrema, de un caso que tardó más de lo que debería porque "la gente local engañó al equipo para protegerse entre sí" y "los testigos tenían demasiado miedo para presentarse".
Lo que la prensa internacional no examina es si un descenso del 28 por ciento en una ciudad de 9 millones de habitantes, mientras el resto del país sigue registrando cifras altas de feminicidio, es realmente una victoria o es el espejismo de una burbuja institucional. El artículo menciona que "investigaciones independientes sugieren que el número verdadero de feminicidios es más alto que en las estadísticas oficiales", pero lo deja pasar como una nota al pie. No pregunta si los números están cayendo porque hay menos asesinatos o porque hay menos denuncias, menos investigaciones, menos registros en otras partes del país.
La mirada extranjera, en suma, ha encontrado una historia de esperanza institucional que le permite no enfrentar la pregunta más incómoda: por qué un país que es miembro de la OCDE, que tiene una presidenta, que negocia en foros internacionales, necesita que activistas feministas le expliquen en 2017 que los fiscales deben tomar en serio los asesinatos de mujeres. La respuesta a esa pregunta no cabe en un titular sobre especialización y tecnología.