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🇺🇾 Uruguayjueves, 19 de noviembre de 2026

La Iglesia católica uruguaya ha cerrado los números de la visita papal con un superávit que destina a becas y programas sociales. Infobea América enfatiza la austeridad de la organización, la cifra de 2,7 millones de dólares, y las declaraciones de funcionarios eclesiásticos que subrayan haber sido económicos. El encuadre es previsible: la Iglesia como institución capaz de gestionar recursos masivos con responsabilidad, la visita como éxito logístico, el legado como caridad institucionalizada.

Pero hay un sesgo silencioso en esta cobertura que vale la pena nombrar. La prensa extranjera, al reportear los números finales de la visita papal, no interroga una pregunta que debería resultar incómoda: qué significa que una institución religiosa en un país constitucionalmente laico haya invertido 2,7 millones de dólares en una vigilia de 48 horas, mientras que el obispo de Canelones debe recurrir a rifas de cincuenta dólares para cubrir gastos y otros países quedaron endeudados una década después de visitas similares.

El relato de Infobae América construye una narrativa de eficiencia que oculta una pregunta política más profunda. Uruguay es un país donde el aborto es legal, donde la eutanasia existe en el marco regulatorio, donde la Constitución separa Iglesia y Estado desde 1885. Que León XIV haya citado a Artigas para hablar indirectamente contra el aborto es un hecho que el medio reportea sin tensión. Que 158.000 personas hayan participado en actividades papales es un número que se presenta como evidencia de relevancia religiosa, no como un dato que requiere contexto sobre la secularización real de la sociedad uruguaya.

Lo que la prensa internacional omite es la pregunta sobre por qué una Iglesia que representa a una minoría creciente en Uruguay puede movilizar recursos de esa magnitud y captar atención mediática internacional como si el país fuera una nación de fe monolítica. El encuadre acepta la premisa de que una visita papal es un evento nacional de primer orden, cuando en realidad Uruguay es uno de los países más secularizados de América Latina.

La beca que llevará el nombre del Papa, financiada con lo que sobró de la vigilia, es presentada como generosidad institucional. Nadie pregunta si esos 2,7 millones no hubieran sido mejor invertidos directamente en educación pública, que es donde Uruguay ha visto erosión en los últimos años. La prensa extranjera reportea la caridad de la Iglesia como si fuera un acto desinteresado, cuando es también un acto de visibilidad política en un espacio público que la Iglesia, en Uruguay, ya no domina como lo hizo en otras épocas.

El silencio de Infobae América sobre estas tensiones es el verdadero titular. La cobertura de la visita papal en Uruguay revela que la prensa internacional sigue viendo a la Iglesia católica como un actor político relevante incluso en contextos donde su influencia real ha menguado. Reportea números y gestos de responsabilidad fiscal, pero no interroga el significado más amplio de que una institución religiosa sea capaz de convocar esa escala de recursos y atención en una sociedad que constitucionalmente se definió hace más de un siglo como laica.

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