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🇩🇴 República Dominicanaviernes, 20 de noviembre de 2026

La prensa extranjera que hoy observa República Dominicana ha decidido enmarcar el país a través de un contraste que define su presente: un territorio donde el crecimiento económico convive con una arquitectura de protección social que se desmorona. Y es precisamente esa fractura la que emerge del informe de la CEPAL que Infobea América reproduce hoy como artículo principal, pero que no es la única evidencia del patrón.

El dato es demoledor en su claridad. Hacia 2033, el ochenta por ciento de los trabajadores dominicanos quedará fuera del sistema de pensiones. No se trata de un fracaso de la economía, sino de su estructura misma. La Ley 87-01, vigente desde 2003, delegó el financiamiento de las pensiones exclusivamente en el esfuerzo individual de cada persona mediante cuentas administradas por empresas privadas. Esa decisión trasladó de forma directa a las familias el impacto de las crisis de empleo, los salarios bajos y los períodos sin trabajo. En un país donde apenas un tercio de la población activa cotiza, donde la informalidad laboral es la regla y no la excepción, ese modelo produce exactamente lo que estaba diseñado para producir: desprotección masiva.

Lo que la prensa internacional subraya, sin necesidad de énfasis dramático, es que República Dominicana ha elegido un camino que otros países de la región rechazaron hace tiempo. El gasto social del gobierno central dominicano alcanza el 8.8 por ciento del producto interno bruto, cifra que sitúa al país por debajo del promedio de Centroamérica y el Caribe. En asistencia y previsión, los recursos destinados a proteger a las familias ante la vejez y la desocupación alcanzan apenas el 1.6 por ciento del producto, una cifra distante del 6.3 por ciento que asignan las naciones de América del Sur. La brecha no es accidental. Es política.

El informe de la CEPAL añade una capa más de complejidad al retrato. Las estadísticas sobre equidad salarial muestran que la brecha entre hombres y mujeres es de apenas el 5.2 por ciento, una cifra entre las menores del continente. Pero esa cifra engaña. Las mujeres que logran jubilarse son aquellas que lograron mantener un trabajo formal continuo con sueldos similares a los de los varones. La gran masa de mujeres, que asume labores de cuidado sin remuneración y cuenta con empleos más inestables, no logra completar las semanas obligatorias y queda excluida de las estadísticas oficiales. Lo que aparece como equidad es en realidad invisibilidad de la mayoría.

La mirada extranjera, representada aquí por Infobae América, no dramatiza este cuadro. Lo presenta como lo que es: una realidad demográfica que se aproxima. En 2033, cuando el sistema previsional alcance su madurez, habrá millones de personas que ingresarán a la vejez sin pensión, únicamente con la opción de retirar en un solo pago el fondo acumulado o recibir mensualidades provisionales hasta agotar sus ahorros. Eso no es un problema futuro. Es una sentencia ya dictada.

Lo que la prensa internacional ve, y que merece ser nombrado, es que República Dominicana ha construido un modelo económico que produce crecimiento sin protección. Los titulares del día lo confirman desde otros ángulos: el país asume por primera vez la presidencia del Fondo Ibermedia, endurece controles comerciales, incauta armas de fuego, detiene militares involucrados en narcotráfico. Son señales de un Estado que actúa, que se mueve, que intenta gobernar. Pero esas acciones ocurren en un marco donde ocho de cada diez trabajadores saben, aunque no lo digan en voz alta, que el sistema no los espera cuando ya no puedan trabajar.

Esa es la República Dominicana que ve hoy la prensa extranjera: un país que crece, pero que ha optado por un modelo donde ese crecimiento no se traduce en seguridad social para la mayoría. No es una crítica moral. Es una observación de las consecuencias de una decisión política tomada hace más de dos décadas y que ahora comienza a revelar su verdadero costo.

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