La prensa extranjera vuelve a El Salvador hoy con una noticia que, a primera vista, parece técnica y procedimentalmente irrelevante: la Asamblea Legislativa ha iniciado el proceso de elección de nuevos magistrados para la Corte de Cuentas. Infobae América, que sigue siendo el principal relevo de información internacional sobre el país, cubre el hecho con precisión administrativa: 58 votos de aprobación, calendario de postulaciones hasta el 26 de junio, requisitos legales detallados, plazo para evitar vacancias institucionales. Es el tipo de cobertura que, en apariencia, respeta el protocolo del periodismo institucional.
Pero el encuadre revela algo que la prensa extranjera no dice explícitamente, aunque está contenido en cada párrafo: la noticia importa precisamente porque en El Salvador, las designaciones de magistrados no son ya un proceso técnico rutinario. El hecho de que Infobae destaque que la convocatoria "ha sido recibida con interés por distintos sectores profesionales y políticos" y que subraye la "transparencia en la selección" como fundamental para fortalecer "la confianza en las instituciones de control estatal" es una forma velada de reconocer que esa confianza está dañada, o que existe una sospecha de que podría estarlo.
Lo que la prensa extranjera no problematiza, pero que sobrevuela el texto, es la pregunta incómoda: ¿por qué una renovación rutinaria de magistrados de una corte de cuentas necesita ser presentada con tanto énfasis en su legalidad, su transparencia y su apego a los procedimientos constitucionales? En la mayoría de las democracias consolidadas, esto sería un trámite burocrático que pasaría desapercibido. Que aquí merezca cobertura detallada es, en sí mismo, un diagnóstico.
El contexto que Infobae menciona de pasada, casi como nota al pie, es revelador: el proceso de renovación de la Corte de Cuentas "coincide con la proximidad de la renovación de otras instituciones clave, como la Fiscalía General y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos". Esto no es una coincidencia administrativa. Es un momento de concentración de poder sobre las instituciones de control estatal. Y la prensa extranjera, al reportarlo como un hecho procedimentalmente correcto, está eligiendo no interrogar lo que eso significa.
Hay, además, una tensión no resuelta en la cobertura. Se cita que los postulantes deben acreditar "idoneidad, capacidad técnica y probidad", y que quienes hayan ocupado cargos en la Fiscalía, la Procuraduría o el Tribunal Supremo de Elecciones deben consignarlo. Esto es importante: se está abriendo la puerta a que personas con experiencia en las instituciones de control estatal accedan a la Corte de Cuentas. ¿Es eso un mecanismo de continuidad institucional o un mecanismo de captura? La prensa extranjera no lo pregunta. Simplemente reporta que la puerta está abierta.
Lo que queda claro es que el encuadre internacional de El Salvador sigue operando en un modo que podría llamarse de "legalidad como tranquilizante". Mientras el proceso sea técnicamente correcto, mientras haya votación nominal y pública, mientras los plazos se respeten y los requisitos se cumplan, la cobertura puede presentarlo como un acto de institucionalidad. Pero ese énfasis en la forma es, a menudo, una forma de no ver la sustancia: quién controla estas instituciones después de que se renueven, y para qué.
La prensa extranjera, al menos en la versión que llega a través de Infobae, está documentando el procedimiento. Está haciendo su trabajo técnico. Pero está dejando sin respuesta la pregunta que importa: si estas instituciones de control estatal están siendo renovadas todas al mismo tiempo, bajo el control de una Asamblea Legislativa que vota en bloque con 58 votos, ¿quién controla realmente a quién en El Salvador?