🇸🇻 El Salvador

La prensa extranjera regresa hoy a El Salvador con una noticia que, en apariencia, pertenece al género de los reportajes económicos de rutina: un préstamo del Banco Mundial por cien millones de dólares destinado a financiar pequeñas y medianas empresas. Infobea América lo reporta con el tono administrativo que caracteriza la cobertura de trámites legislativos: solicitud enviada, garantía soberana, aprobación pendiente, fondos para mipymes, creación de empleo. Pero el encuadre que subyace en esta narrativa revela algo que no había sido tan explícito en la cobertura reciente del país.

Lo que emerge aquí es la imagen de un Estado que accede a financiamiento internacional convencional. No a través de bonos en los mercados de capital, no mediante acuerdos con fondos de inversión o gobiernos bilaterales, sino por la vía institucional ortodoxa: el Banco Mundial, el BIRF, BANDESAL como ejecutor. El relato subraya los procedimientos constitucionales, las firmas en fechas específicas, la intervención de la Asamblea Legislativa conforme al artículo 148 de la Constitución. Es decir, que la prensa extranjera está documentando, casi de pasada, que El Salvador sigue siendo un país que negocia con las instituciones financieras multilaterales bajo reglas que la comunidad internacional reconoce como legítimas.

Esto contrasta de manera notable con el encuadre dominante de los últimos años, que ha tendido a presentar a El Salvador como una anomalía: un país donde el poder ejecutivo actúa sin contrapesos, donde las instituciones se plegan a la voluntad presidencial, donde la seguridad se impone a costa de garantías procesales. Ese relato no desaparece, pero hoy se yuxtapone con otro: el de un Estado que tramita garantías soberanas, que respeta procedimientos legislativos, que accede a crédito multilateral bajo condiciones que suponen cierta confianza institucional.

Los números que acompañan al préstamo merecen atención. Cinco mil mipymes potencialmente beneficiadas, ocho mil trescientos empleos estimados, treinta por ciento de beneficiarias mujeres, inclusión financiera, cadenas de valor globales, formalización empresarial. Son las métricas del desarrollo convencional, del crecimiento inclusivo, del lenguaje que el Banco Mundial ha hablado durante décadas. Y El Salvador, según este relato, está en el carril correcto: solicitando fondos para estos fines, sometiéndose a aprobación legislativa, ejecutando a través de instituciones especializadas.

Lo que la prensa extranjera no subraya, porque no aparece en el texto oficial, es la pregunta implícita: ¿por qué un país que ha logrado los récords de turismo que se mencionan en los titulares secundarios, que ha cuadriplicado a Nicaragua en captación internacional, que mantiene un sistema financiero sólido según el Banco Central de Reserva, necesita aún de préstamos del Banco Mundial para financiar pequeñas empresas? La respuesta obvia es que la capacidad crediticia interna sigue siendo limitada, que el acceso al financiamiento para las mipymes sigue siendo un cuello de botella, que los bancos comerciales salvadoreños no están cubriendo esa demanda con suficiencia. Pero ese diagnóstico no aparece explícitamente en el relato.

Lo que sí aparece es una narrativa dual: El Salvador como destino turístico en expansión, como economía con solidez macroeconómica, y simultáneamente como país que requiere fondos multilaterales para expandir el crédito a pequeñas empresas. Ambas cosas son verdaderas, pero la tensión entre ellas no se examina. La prensa extranjera reporta los hechos procedimentales sin interrogar la lógica subyacente.

Hay otro matiz que merece mención. El proyecto prevé cinco años de implementación, lo que significa que sus resultados no serán visibles sino hacia 2031. Es decir, que El Salvador está apostando hoy a un financiamiento cuya efectividad se medirá en un horizonte que rebasa los ciclos políticos inmediatos. Eso sugiere cierta continuidad institucional esperada, cierta confianza en que los mecanismos de ejecución permanecerán operativos más allá de cambios de gobierno. La prensa extranjera no lo dice así, pero lo da por supuesto al reportar el proyecto sin cuestionamientos sobre su viabilidad a largo plazo.

En suma, lo genuinamente nuevo en el encuadre de hoy es que la prensa extranjera documenta a El Salvador en el acto de funcionar según las reglas del juego internacional convencional. No es una narrativa de ruptura ni de anomalía, sino de normalidad institucional. Eso no significa que la cobertura anterior sobre autoritarismo o represión haya desaparecido. Significa que, junto a ella, coexiste ahora una imagen de un Estado que tramita garantías soberanas, que negocia con multilaterales, que ejecuta proyectos de desarrollo con horizontes de cinco años. La pregunta que la prensa extranjera no formula es si estas dos imágenes son realmente compatibles, o si una de ellas es una ilusión óptica producida por la distancia y el enfoque selectivo.

La narrativa que la prensa extranjera teje sobre El Salvador hoy se sostiene sobre un pilar que ha llegado a ser casi obsesivo: la capacidad estatal para incautar drogas. Infobae América abre con la noticia de 14 toneladas decomisadas en lo que va de 2026, cifra que se amplifica cuando el relato se enfoca en la operación del 18 de junio, presentada como el mayor decomiso en la historia del país. Seis punto sesenta y ocho toneladas de cocaína, dos embarcaciones interceptadas a cientos de millas de la costa, seis detenidos. El ministro de Defensa lo subraya, el ministro de Justicia lo enfatiza, el fiscal general lo garantiza. La máquina de comunicación oficial funciona con precisión, y la prensa internacional la amplifica sin mayor distancia crítica.

Lo que merece atención no es si la incautación ocurrió, sino cómo se la está enmarcando desde afuera. El encuadre extranjero elige ver en estos operativos una demostración de fortaleza estatal, una prueba de que El Salvador, pequeño y vulnerable, ha decidido no ceder territorio a las organizaciones criminales. Villatoro lo articula de manera casi retórica: "No tiene nada que ver el tamaño de un país, sino la valentía y la firmeza de sus hombres y mujeres". La prensa internacional recoge esta frase y la legitima al reproducirla sin el escepticismo que merece. El mensaje que se construye es el de un David enfrentando a Goliat, armado no de piedras sino de Marina Nacional y coordinación interinstitucional.

Pero hay un elemento que la cobertura extranjera deja deliberadamente en el margen: la pregunta sobre qué significa realmente esta cifra en el contexto del flujo total de drogas. Villatoro sostiene que 6.68 toneladas equivalen a más de 20 millones de dosis que no llegarán a las calles. Es una métrica que suena contundente hasta que se la contrasta con la realidad de que El Salvador sigue siendo un corredor de tránsito, no un destino final. El hecho de que se decomise una cantidad récord no responde la pregunta más incómoda: ¿cuánto sigue pasando? La prensa internacional, al abrirse completamente al relato oficial, elide esa pregunta.

Hay además una distorsión temporal en el encuadre. Se menciona que durante la gestión Bukele se han incautado 88.7 toneladas desde el inicio del gobierno, cifra que se presenta como evidencia de éxito. Pero ese acumulado también puede leerse de otra manera: como un indicador de la persistencia y escala del problema. Si en seis años se han incautado casi 89 toneladas, ¿qué volumen total circula? La prensa extranjera no se hace esa pregunta, o al menos no la formula en sus titulares ni en el cuerpo del reportaje.

Lo que sí aparece, con claridad, es la narrativa de un Estado que comunica, que coordina, que persigue. El fiscal Delgado asegura que "el mar adyacente a El Salvador ya no es un corredor permisivo para el narcotráfico". Es una afirmación categórica que la prensa internacional reproduce como dato, no como aspiración. Y es aquí donde el encuadre extranjero revela su sesgo más profundo: tiende a confundir la capacidad de comunicar éxito con la realidad del éxito mismo.

La cobertura internacional de El Salvador en materia de seguridad se ha estabilizado en un género narrativo muy específico: el del Estado que actúa, que captura, que coordina, que anuncia. Es una historia que funciona bien en medios que buscan hechos verificables, cifras, declaraciones oficiales. Pero es una historia que también tiene límites claros. No pregunta por las estructuras criminales que persisten, no examina si las capturas representan un golpe real a las organizaciones o simplemente la incautación de cargamentos reemplazables, no cuestiona si la sofisticación de las embarcaciones interceptadas sugiere una adaptación táctica más que una derrota estratégica.

El Salvador aparece hoy en la prensa extranjera como un país que gana batallas. La pregunta que esa prensa no se hace es si está ganando la guerra, o si simplemente está ganando la batalla por la narrativa.

La prensa extranjera trae hoy a El Salvador un caso de extorsión digital que, a primera vista, pertenece al género de la noticia policial de rutina: captura de un delincuente, incautación de dispositivos, promesa de investigación. Infobae América lo reporta con el tono administrativo que caracteriza la cobertura de operativos de la Fiscalía General de la República. Pero el encuadre merece atención, porque revela algo nuevo sobre cómo se está narrando ahora el país desde afuera.

Lo que emerge en este relato es la imagen de un Estado que funciona. No un Estado que resuelve, sino uno que actúa, que coordina, que captura y que comunica su actuación. La Fiscalía aparece como un ente que "coordinó un amplio operativo", que "ejecutó una orden de detención", que confiscó dispositivos con precisión catalogada, que promete análisis periciales y que, además, convoca públicamente a otras víctimas a denunciar. El lenguaje es el de la eficiencia institucional. Dos allanamientos, dos locaciones, un inventario detallado de lo incautado: cinco celulares en un lugar, dos en otro, tarjetas SIM de tres compañías distintas, un CPU. Todo registrado, todo documentado, todo comunicado a la prensa.

Esto es importante porque marca un giro sutil en el encuadre extranjero sobre El Salvador. Durante meses, la cobertura internacional ha oscilado entre dos polos: la narrativa de represión estatal (régimen de excepción, cárceles abarrotadas, detenciones masivas) y la narrativa de caos criminal (pandillas, extorsión, violencia sin control). Hoy aparece una tercera: la del Estado que persigue delitos específicos, que utiliza tecnología forense, que invita a la ciudadanía a colaborar. No es el Estado represivo de hace un año, ni es el Estado ausente de hace cinco años. Es el Estado que resuelve casos.

Pero hay algo que falta en este encuadre, algo que la prensa extranjera no subraya. El caso de Samuel Alejandro G. es un delito de violencia digital contra mujeres. Ocho víctimas, al menos. Material íntimo utilizado como arma de chantaje. Suplantación de identidad. Daño psicológico deliberado. Estos elementos están en el texto de Infobae, pero no constituyen el hilo narrativo principal. El énfasis cae en la captura, en la operación, en la capacidad institucional. El énfasis no cae en la naturaleza del delito ni en sus víctimas. No hay testimonios de las mujeres afectadas. No hay reflexión sobre por qué la extorsión sexual digital es un fenómeno creciente en El Salvador. No hay contexto sobre la violencia de género digital en la región. Lo que se reporta es la respuesta estatal, no el problema que la respuesta intenta resolver.

Hay una ironía incómoda aquí. La prensa extranjera celebra, tácitamente, que El Salvador tenga una Fiscalía que funciona, que persiga delitos digitales, que utilice informática forense. Pero lo que esa celebración implícita oculta es una pregunta incómoda: ¿por qué es noticia que el Estado capture a un extorsionista sexual? ¿Por qué es digno de cobertura internacional que una institución pública haga lo que se supone que debe hacer? La respuesta es que durante años no lo hizo. O no lo hizo de manera visible. O no lo hizo de manera que pudiera ser reportada sin riesgo.

El encuadre extranjero, entonces, está midiendo a El Salvador contra un estándar bajo. No está preguntando si la justicia es efectiva, si las víctimas reciben reparación, si los sistemas de protección funcionan. Está preguntando, simplemente, si hay un Estado que actúa. Y la respuesta, según Infobea, es sí. Eso es suficiente para la noticia. Eso es lo que merece ser reportado al mundo.

Lo que se pierde en este encuadre es la complejidad del país real. Un país donde una Fiscalía puede capturar a un delincuente digital pero donde ocho mujeres han tenido que soportar el chantaje con su intimidad. Un país donde hay equipos de informática forense pero donde no hay cifras públicas sobre cuántos casos de extorsión sexual digital existen. Un país donde el Estado comunica sus operativos a la prensa pero donde las víctimas no saben a dónde acudir más allá de lo que dice un comunicado oficial.

La prensa extranjera, en suma, está reportando la imagen que El Salvador quiere proyectar. Y El Salvador quiere proyectar la imagen de un Estado que funciona. Eso no es falso. Pero tampoco es completo. Es, simplemente, lo que es conveniente narrar desde afuera: el orden, no las grietas que el orden intenta ocultar.