La prensa extranjera regresa hoy a El Salvador con una noticia que, en su apariencia más obvia, es simplemente meteorológica: 308 sismos en junio, un número que suena alarmante hasta que se lo contextualiza dentro de la realidad geológica de un país ubicado en una de las regiones sísmicamente más activas del planeta. Infobae América reporta los datos del Ministerio de Medio Ambiente con el tono neutral de quien relata un fenómeno natural inevitable, y es precisamente en esa neutralidad donde reside el encuadre que merece examen.
Lo primero que salta a la vista es qué se elige destacar y qué se deja en la sombra. El medio extranjero subraya la cifra bruta —308 sismos— y luego la desglosa con precisión técnica: el 82.1% tuvo epicentro frente a las costas o en países vecinos, el 17.9% en territorio nacional, apenas 28 fueron percibidos por la población. Es un ejercicio de racionalización de lo potencialmente catastrófico, una operación que convierte la amenaza geológica en estadística manejable. El Salvador aparece así como un territorio donde los desastres naturales ocurren, pero de manera ordenada, predecible, susceptible de monitoreo.
Lo que la cobertura extranjera no dice es más revelador que lo que dice. No hay mención alguna de cómo un país ya fragilizado por otras crisis —migración, violencia, precariedad económica— absorbe o gestiona el riesgo sísmico. No hay pregunta sobre la capacidad real de respuesta ante un evento mayor, sobre la calidad de la infraestructura en zonas vulnerables, sobre si el monitoreo técnico del MARN se traduce en protección efectiva para poblaciones que viven en construcciones precarias. El encuadre es el de la naturaleza como fenómeno técnico, no como amenaza que intersecta con la fragilidad social.
Hay también una dimensión que toca la narrativa de normalidad. Al reportar los datos del ministerio sin cuestionamiento, Infobea América refuerza implícitamente la imagen de un Estado que funciona, que mide, que informa, que tiene protocolos. Es el El Salvador de las instituciones que trabajan, no el de las instituciones que colapsan. En un contexto donde la prensa extranjera ha pasado meses enfocada en represión penal y concentración de poder, esta noticia sobre monitoreo sísmico actúa casi como un paréntesis de competencia estatal: miren, hay un ministerio que sabe lo que hace, que emite reportes mensuales, que mantiene un observatorio.
El detalle final es la recomendación de protección que cierra el artículo: resguardarse bajo una mesa resistente, alejarse de ventanas, no usar ascensores. Son instrucciones que asumen una capacidad de respuesta individual, una vivienda con estructura predecible, acceso a información oficial en tiempo real. Presuponen, en suma, un ciudadano con recursos y con la posibilidad de elegir dónde estar cuando tiembla. La prensa extranjera, al reportar así, invisibiliza a quienes no tienen esa opción.
Lo que hoy la cobertura internacional revela, sin proponérselo, es un El Salvador visto como territorio geológicamente activo pero institucionalmente funcional en lo técnico, un país donde los desastres naturales se miden y se comunican, pero donde la vulnerabilidad social que los acompaña permanece fuera del encuadre.