La prensa extranjera trae hoy a El Salvador un caso de extorsión digital que, a primera vista, pertenece al género de la noticia policial de rutina: captura de un delincuente, incautación de dispositivos, promesa de investigación. Infobae América lo reporta con el tono administrativo que caracteriza la cobertura de operativos de la Fiscalía General de la República. Pero el encuadre merece atención, porque revela algo nuevo sobre cómo se está narrando ahora el país desde afuera.
Lo que emerge en este relato es la imagen de un Estado que funciona. No un Estado que resuelve, sino uno que actúa, que coordina, que captura y que comunica su actuación. La Fiscalía aparece como un ente que "coordinó un amplio operativo", que "ejecutó una orden de detención", que confiscó dispositivos con precisión catalogada, que promete análisis periciales y que, además, convoca públicamente a otras víctimas a denunciar. El lenguaje es el de la eficiencia institucional. Dos allanamientos, dos locaciones, un inventario detallado de lo incautado: cinco celulares en un lugar, dos en otro, tarjetas SIM de tres compañías distintas, un CPU. Todo registrado, todo documentado, todo comunicado a la prensa.
Esto es importante porque marca un giro sutil en el encuadre extranjero sobre El Salvador. Durante meses, la cobertura internacional ha oscilado entre dos polos: la narrativa de represión estatal (régimen de excepción, cárceles abarrotadas, detenciones masivas) y la narrativa de caos criminal (pandillas, extorsión, violencia sin control). Hoy aparece una tercera: la del Estado que persigue delitos específicos, que utiliza tecnología forense, que invita a la ciudadanía a colaborar. No es el Estado represivo de hace un año, ni es el Estado ausente de hace cinco años. Es el Estado que resuelve casos.
Pero hay algo que falta en este encuadre, algo que la prensa extranjera no subraya. El caso de Samuel Alejandro G. es un delito de violencia digital contra mujeres. Ocho víctimas, al menos. Material íntimo utilizado como arma de chantaje. Suplantación de identidad. Daño psicológico deliberado. Estos elementos están en el texto de Infobae, pero no constituyen el hilo narrativo principal. El énfasis cae en la captura, en la operación, en la capacidad institucional. El énfasis no cae en la naturaleza del delito ni en sus víctimas. No hay testimonios de las mujeres afectadas. No hay reflexión sobre por qué la extorsión sexual digital es un fenómeno creciente en El Salvador. No hay contexto sobre la violencia de género digital en la región. Lo que se reporta es la respuesta estatal, no el problema que la respuesta intenta resolver.
Hay una ironía incómoda aquí. La prensa extranjera celebra, tácitamente, que El Salvador tenga una Fiscalía que funciona, que persiga delitos digitales, que utilice informática forense. Pero lo que esa celebración implícita oculta es una pregunta incómoda: ¿por qué es noticia que el Estado capture a un extorsionista sexual? ¿Por qué es digno de cobertura internacional que una institución pública haga lo que se supone que debe hacer? La respuesta es que durante años no lo hizo. O no lo hizo de manera visible. O no lo hizo de manera que pudiera ser reportada sin riesgo.
El encuadre extranjero, entonces, está midiendo a El Salvador contra un estándar bajo. No está preguntando si la justicia es efectiva, si las víctimas reciben reparación, si los sistemas de protección funcionan. Está preguntando, simplemente, si hay un Estado que actúa. Y la respuesta, según Infobea, es sí. Eso es suficiente para la noticia. Eso es lo que merece ser reportado al mundo.
Lo que se pierde en este encuadre es la complejidad del país real. Un país donde una Fiscalía puede capturar a un delincuente digital pero donde ocho mujeres han tenido que soportar el chantaje con su intimidad. Un país donde hay equipos de informática forense pero donde no hay cifras públicas sobre cuántos casos de extorsión sexual digital existen. Un país donde el Estado comunica sus operativos a la prensa pero donde las víctimas no saben a dónde acudir más allá de lo que dice un comunicado oficial.
La prensa extranjera, en suma, está reportando la imagen que El Salvador quiere proyectar. Y El Salvador quiere proyectar la imagen de un Estado que funciona. Eso no es falso. Pero tampoco es completo. Es, simplemente, lo que es conveniente narrar desde afuera: el orden, no las grietas que el orden intenta ocultar.