La prensa extranjera retorna hoy a El Salvador con un encuadre que había estado prácticamente ausente de su cobertura durante años: la infraestructura como narrativa de desarrollo. Infobae América publica la aprobación legislativa de dos préstamos del BCIE por 340 millones de dólares destinados a agua potable y modernización vial, y en esa elección editorial hay un desplazamiento significativo que conviene examinar.
Durante la última década, el relato internacional sobre El Salvador se ha construido casi exclusivamente desde la seguridad, la represión política y la migración forzada. Cuando aparecía la economía, era para documentar pobreza, desigualdad o los efectos colaterales de decisiones de política pública cuestionadas. La infraestructura, cuando se mencionaba, era frecuentemente un telón de fondo para historias de corrupción o mal uso de fondos públicos. Que un medio como Infobae América dedique espacio a la aprobación técnica de proyectos de agua y vialidad, con detalles sobre plazos de financiamiento, tasas de interés y beneficiarios específicos, señala un cambio de perspectiva.
Lo que resulta revelador es cómo se enmarca este cambio. El texto enfatiza la unanimidad legislativa, la transparencia en los requisitos constitucionales, los beneficiarios identificados por nombre de municipio y el impacto esperado en la calidad de vida. Es decir, la prensa extranjera está presentando a El Salvador como un país donde las instituciones, aunque sea en un acto legislativo, funcionan según sus reglas formales. No hay interrogación sobre la sostenibilidad política de estos proyectos, sobre cómo se ejecutarán en un contexto de estado de excepción prolongado, o sobre si la modernización de infraestructura puede coexistir con las restricciones de derechos que han caracterizado al país en los últimos años.
Hay una ausencia notable de tensión en el relato. La prensa internacional no pregunta cómo se compatibiliza la inversión en ciclovías y pasos peatonales con un régimen de seguridad que ha limitado la circulación y la libertad de movimiento. No examina si los beneficios de la conectividad vial llegarán equitativamente a los distritos mencionados o si reproducirán patrones históricos de desigualdad. No cuestiona la deuda que se contrae ni sus implicaciones fiscales a largo plazo.
Lo que sí hace es legitimar, mediante la descripción técnica minuciosa, una imagen de El Salvador como un país que planifica, que invierte, que moderniza. Es un encuadre que podría interpretarse como un reconocimiento de que el país está haciendo algo más que represión, o podría leerse como una aceptación acrítica de la narrativa oficial de desarrollo que el gobierno intenta proyectar hacia afuera.
El matiz nuevo en la cobertura internacional de El Salvador no es la aparición de noticias positivas, sino la manera en que se presentan sin fricción narrativa, sin las preguntas que la prensa extranjera ha acostumbrado hacer sobre otros aspectos de la realidad salvadoreña. Es un cambio que merece vigilancia. No porque la inversión en agua y vialidad sea indeseable, sino porque su cobertura aislada de su contexto político más amplio produce una distorsión que la prensa internacional, presumiblemente, debería evitar.