La prensa internacional regresa hoy a El Salvador con una narrativa que se ha vuelto recurrente en los últimos meses: la demostración de capacidad estatal para ejecutar operativos coordinados y destruir evidencia de delitos contra el fisco. Infobae América cubre la incineración de 22.5 toneladas de cigarrillos decomisados, un evento que el gobierno enmarca como victoria en la lucha contra el contrabando y que las autoridades presentan con una coreografía institucional impecable: ministros en rueda de prensa, cifras precisas en dólares, referencias al sacrificio de un soldado caído, tecnología de punta en aduanas.
Lo que merece examinarse aquí no es si la destrucción ocurrió, sino qué tipo de historia sobre El Salvador está siendo contada a través de este evento y qué permanece silenciado en esa narración. El encuadre es funcional al relato oficial: coordinación institucional, determinación presidencial, combate a un delito que afecta tanto la salud pública como las arcas del Estado. El ministro Villatoro obtiene su espacio para afirmar que "no hay puertas giratorias" y que la meta es "transformar este fenómeno". La prensa extranjera reproduce estas declaraciones sin interrogante alguno sobre su verificabilidad o sobre el contexto más amplio en el que ocurren.
Pero aquí está el punto ciego: la cobertura internacional del contrabando en El Salvador tiende a presentarlo como un problema técnico y de voluntad política, cuando la realidad es que el contrabando prospera precisamente porque existe demanda, porque existen márgenes de ganancia, porque existen rutas y complicidades. La destrucción de 22.5 toneladas es un acto de visibilidad estatal, pero no dice nada sobre si las detenciones de 92 personas en lo que va del año representan un descenso real en el flujo de cigarrillos ilegales o si son cifras que responden a ciclos de represión y tolerancia. Tampoco pregunta quiénes están siendo detenidos: ¿transportistas de bajo rango o cabecillas de redes? ¿Cuántos de esos 92 procesados provienen de sectores vulnerables sin acceso a defensa legal?
Lo que la prensa extranjera ve y celebra es el espectáculo de la competencia estatal: El Salvador presume de tener "el más equipo de revisión no intrusiva en América Latina". Es una afirmación que Villatoro hace sin que ningún medio internacional la corrobore de forma independiente. Y es sintomático que la cobertura acepte como dato verificado lo que es en realidad una declaración política.
El silencio más revelador es el que rodea la pregunta sobre costo-beneficio. Seis millones de dólares en impuestos y multas no percibidos por el Estado es una cifra que se presenta como pérdida, pero no hay reflexión sobre cuánto cuesta mantener la infraestructura de vigilancia, cuántos efectivos militares y policiales se dedican a estos operativos, o si ese gasto tiene un retorno fiscal real. En otras palabras: la prensa internacional está documentando una política sin examinar su eficiencia o su sostenibilidad.
Lo que emerge de esta cobertura es un patrón ya visible en editoriales anteriores: la prensa extranjera está siendo educada lentamente para ver a El Salvador no como un Estado represivo o fallido, sino como un Estado competente, tecnológicamente equipado, capaz de ejecutar operativos coordinados. Cada destrucción de cigarrillos, cada detención anunciada, cada referencia a equipamiento de punta, funciona como evidencia de que algo está cambiando. Y eso es precisamente lo que el gobierno quiere que se vea. La pregunta que la cobertura internacional aún no se hace es si está documentando una transformación real o si está siendo utilizada como medio de comunicación política de un régimen que ha aprendido a hablar el idioma que la prensa extranjera desea escuchar.