La prensa extranjera vuelve hoy a El Salvador con una narrativa de reorganización institucional que, en su apariencia técnica, oculta una pregunta más incómoda: quién controla realmente el sector eléctrico y bajo qué supervisión. Infobae América reporta que la Asamblea Legislativa ha avalado un traslado de competencias que concentra el control del sector energético en la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, sustrayendo atribuciones regulatorias a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. El encuadre es el de una modernización administrativa, una búsqueda de claridad institucional. Pero hay un detalle que el medio extranjero subraya, casi de pasada, que merece más peso: la misma persona que dirige la DGEHM también preside la Comisión Hidroeléctrica del Lempa, la empresa estatal generadora de electricidad.
Daniel Álvarez Campos, director de la DGEHM, argumentó ante los diputados que la reforma no centraliza sino que ordena el sector, que genera certeza jurídica para inversionistas y diversificación de la matriz energética. William Soriano, diputado de la comisión, respaldó la idea de que un sector ordenado con reglas claras atrae inversión. Estos argumentos son, en sí mismos, razonables. Pero Claudia Ortiz, la diputada opositora citada en el reportaje, planteó algo que la prensa internacional apenas subraya: la concentración de funciones regulatorias y de generación en una sola persona podría crear conflictos de interés. Sugirió que la Asamblea diera seguimiento a esa situación.
Lo que Infobea América reporta sin énfasis es que el segundo dictamen aprobado reduce a la SIGET exclusivamente a telecomunicaciones, dejando toda la electricidad bajo control de la DGEHM. En otras palabras, la entidad que antes dividía responsabilidades regulatorias entre dos instituciones ahora concentra ambas en una sola dirección, cuyo jefe también controla la generación estatal. El medio extranjero presenta esto como un cambio administrativo necesario. No examina si representa un debilitamiento de los mecanismos de contrapeso, ni pregunta qué sucede con la capacidad de una agencia reguladora independiente para supervisar a la empresa generadora estatal. Tampoco cuestiona si la "claridad jurídica" que se promete es realmente tal, o si es, más bien, una simplificación que elimina fricción institucional en favor de la ejecución rápida.
El traslado de expedientes administrativos, la transferencia de personal según necesidades, el ajuste presupuestario: todo suena ordenado. Lo que falta en el encuadre extranjero es una pregunta más profunda sobre qué significa, en el contexto de un gobierno que ha demostrado capacidad para reformar instituciones según sus prioridades, la concentración de un sector tan crítico como el energético bajo un mismo techo. La prensa internacional cubre aquí un movimiento técnico, no una transformación de poder. Y esa omisión, en sí misma, es el encuadre.