La prensa extranjera cubre hoy una reforma institucional que El Salvador presenta como un ejercicio de racionalización administrativa, pero que en el contexto salvadoreño adquiere una dimensión política que la cobertura internacional aún no termina de nombrar con claridad. Infobae América publica los detalles técnicos de la propuesta del gobierno para trasladar las competencias regulatorias del sector eléctrico desde la SIGET —un organismo autónomo— hacia la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, adscrita directamente al Ministerio de Economía. El análisis se detiene en los mecanismos de transferencia: comisiones de transición, traslado de activos, continuidad de procedimientos, plazos de seis meses. Es una lectura que acepta la premisa oficial sin cuestionarla.
Lo que falta en esa cobertura es el reconocimiento de que este movimiento representa un paso más en la concentración de poder ejecutivo sobre instituciones que, en su origen, fueron diseñadas con cierto grado de autonomía precisamente para evitar captura regulatoria. La SIGET, aunque imperfecta como toda agencia, operaba con un marco de independencia que permitía, al menos teóricamente, cierta distancia entre las decisiones de tarificación eléctrica y los ciclos políticos del gobierno de turno. Mover esas competencias a un ministerio subordinado al presidente es, en términos institucionales, un cambio sustantivo que la prensa internacional tiende a leer como "simplificación" cuando podría leerse como "centralización".
El lenguaje de la reforma juega un papel importante en esta invisibilización. Hablar de "evitar superposiciones funcionales" y "dar mayor claridad a las competencias" es hablar el idioma de la eficiencia administrativa, un idioma que la prensa extranjera comprende y valida fácilmente. Pero en El Salvador, donde el ejecutivo ha demostrado una tendencia consistente a expandir su control sobre instituciones que antes gozaban de mayor autonomía, la "claridad" puede ser un eufemismo para "concentración". La cobertura internacional no parece registrar ese patrón más amplio.
Tampoco aparece en el texto de Infobea un análisis sobre qué significa esto para la independencia de la regulación tarifaria en un país donde la electricidad es un bien estratégico y donde las decisiones sobre precios tienen impacto directo en la viabilidad económica de sectores enteros. La propuesta menciona que la DGEHM "aprobará tarifas y cargos", pero no examina bajo qué criterios, con qué transparencia, o con qué mecanismos de revisión judicial. Tampoco cuestiona si un ministerio económico, presionado por objetivos fiscales de corto plazo, tiene los mismos incentivos que un organismo regulador autónomo para proteger a consumidores vulnerables de aumentos tarifarios.
Lo que la prensa extranjera sí captura, correctamente, es que esto es una reforma de envergadura. El traslado de todo el personal de la SIGET vinculado al sector eléctrico, de sus archivos, de sus bases de datos, del Registro de Electricidad completo, no es un ajuste menor. Pero nuevamente, la cobertura lo presenta como un mecanismo administrativo cuando es, en realidad, una reorganización del poder sobre un sector crítico de la economía salvadoreña.
Hay un silencio notable en torno a quién se beneficia de esta reforma. No aparecen voces de empresas eléctricas, de grupos empresariales, de actores que podrían tener interés en una regulación menos autónoma. Tampoco hay reflexión sobre si esta centralización facilita o dificulta la transición energética que El Salvador necesita, o si simplifica o complica la negociación de acuerdos internacionales sobre energía, que según el texto la nueva estructura también asumirá.
En suma, la prensa internacional está documentando correctamente los hechos de la reforma, pero está fallando en captar su significado político más profundo. Está leyendo un acto de reorganización institucional cuando lo que está presenciando es, potencialmente, otro paso en la erosión de los contrapesos que alguna vez existieron en el sistema salvadoreño. Eso no significa que la reforma sea necesariamente perversa, pero sí significa que merece un escrutinio más crítico que el que Infobae América le está dedicando hoy.