La prensa extranjera mira hoy a El Salvador y lo que ve es un tribunal y una suma. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel, según Infobae América, ha impuesto 107 años de prisión a dos miembros de la MS-13 y penas menores a otros nueve procesados por siete homicidios cometidos entre 2015 y 2017 en Usulután y Jiquilisco. La cifra es de esas que no necesitan adjetivos: 107 años por cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas, con un abanico que va desde los 30 años para el alias click hasta los 25 para un civil señalado como colaborador. El corresponsal extranjero, que escribe desde la distancia, no tiene que exagerar para que el encuadre funcione. Le basta con transcribir la condena y dejar que el número hable.
Pero hay un matiz que conviene subrayar y que la propia crónica de Infobae coloca casi de pasada: la reforma penal que desde ya prevé la prisión de por vida para homicidios agravados y para miembros de organizaciones terroristas, categoría que la ley salvadoreña aplica a las pandillas. La noticia de los 107 años es, en rigor, una noticia sobre un pasado que la ley está a punto de dejar obsoleto. Si los crímenes de la clica Criminal Gánster Locos Salvatruchos se hubieran juzgado bajo el nuevo marco legal, los jueces no habrían necesitado sumar décadas: habrían dictado una sola condena perpetua, revisable, pero perpetua. La mirada exterior registra esta viraje con una frialdad que también es parte de la historia. No hay en el texto un ápice de asombro por el hecho de que la cadena perpetua pueda aplicarse a menores desde los 12 años si pertenecen a estas estructuras. Se informa, se constata, se pasa adelante.
El hilo narrativo que la prensa internacional traza hoy sobre El Salvador es, una vez más, el de la eficacia punitiva. Lo que se subraya es la contundencia del Estado frente al crimen organizado, pero se omite deliberadamente el debate sobre los derechos fundamentales y los límites del poder punitivo. Los medios extranjeros construyen una imagen de El Salvador como un laboratorio de mano dura, donde las cifras récord de encarcelamientos y condenas monumentales eclipsan cualquier discusión sobre proporcionalidad o garantías procesales. Este relato, aunque técnicamente preciso, reduce la complejidad del país a un escenario de guerra contra las pandillas, sin espacio para matices sobre el costo social o las posibles consecuencias a largo plazo de estas políticas. Al final, la prensa internacional no juzga, solo reproduce el eco de una estrategia que ya ha dejado de ser noticia para convertirse en un lugar común.