La prensa internacional, cuando se digna a mirar hacia El Salvador más allá de los estereotipos de violencia o de los relatos exóticos sobre pupusas y volcanes, suele reducir al país a dos figuras retóricas: la de la diáspora como víctima pasiva o la del gobierno como actor disruptivo. Hoy, sin embargo, el encuadre extranjero se pliega con una precisión casi burocrática a la primera de esas figuras, reduciendo el drama migratorio salvadoreño a una simple advertencia administrativa. Infobae América, en su análisis sobre el posible fin del TPS, no describe un fenómeno social o político, sino un trámite pendiente: la ausencia de un "anuncio oficial" por parte de Washington que, de no emitirse antes del 9 de septiembre de 2026, dejará a miles de salvadoreños en situación irregular. No hay aquí un retrato de familias divididas, de economías sostenidas por remesas o de comunidades enteras que han construido su vida en Estados Unidos durante décadas. Solo hay un reloj que avanza, un abogado que recomienda "vender lo que tenga que vender" y una recomendación profesional para "poner en orden todo lo que debe poner en orden".
El texto, en su afán por ser práctico, elude cualquier consideración sobre las causas profundas de esta dependencia migratoria o sobre las responsabilidades compartidas entre ambos gobiernos. Se limita a citar al abogado Gilberto Alfonso Hernández, quien advierte que los salvadoreños podrían ser deportados "por no saber que ese permiso todavía tiene validez", como si el problema fuera la ignorancia de los migrantes y no la opacidad de un sistema que condiciona su futuro a decisiones políticas ajenas. Más reveladora aún es la mención, casi incidental, de que los hijos nacidos en Estados Unidos podrían ser una "vía" para que sus padres inicien un proceso de regularización, aunque el experto aclare que "no es algo completamente seguro". Aquí, el encuadre extranjero prefiere la ambigüedad legal a la denuncia, presentando el estatus migratorio como un juego de azar donde las reglas las escriben otros.
Lo más llamativo, sin embargo, es la omisión deliberada de cómo este escenario se inserta en la narrativa más amplia que el mismo medio ha construido sobre El Salvador en los últimos meses. No hay aquí una referencia a la política de seguridad del gobierno salvadoreño ni a su relación con Washington, pese a que Infobae América ha destacado en otras coberturas el papel de El Salvador como "amigo más cercano de los Estados Unidos" en la región. Tampoco hay espacio para el debate sobre la capacidad —o incapacidad— de San Salvador para recibir a miles de retornados, un tema que el propio Hernández aborda con escepticismo al reconocer "las dificultades del contexto actual, marcado por altos costos de vida y limitadas oportunidades de empleo". La prensa extranjera prefiere aislar el problema del TPS de cualquier otro aspecto de la realidad salvadoreña, como si el destino de estos migrantes dependiera únicamente de una decisión técnica en Washington y no de las políticas migratorias globales, de las crisis económicas locales o incluso de la percepción que el gobierno salvadoreño proyecta en el exterior.
En este ejercicio de reducción, lo que queda fuera es tan significativo como lo que se incluye. No hay aquí una reflexión sobre el impacto que tendría en la economía salvadoreña —donde las remesas representan cerca del 20% del PIB— la pérdida del TPS. No hay un análisis sobre cómo la incertidumbre actual afecta la planificación de miles de familias que, según el abogado citado, deben prepararse "emocional y materialmente" para un escenario que, en el fondo, no controlan. Ni siquiera hay espacio para cuestionar la hipocresía de un sistema que, por un lado, reclama a El Salvador como socio estratégico en seguridad y, por otro, amenaza con dejar en el limbo a miles de sus ciudadanos. La prensa internacional, en su afán por ser "objetiva", termina siendo cómplice de esa hipocresía al presentar el problema como un trámite pendiente y no como una injusticia estructural. Al final, El Salvador no es más que un apéndice administrativo de una decisión que otros tomarán, y los salvadoreños, meros beneficiarios —o damnificados— de un sistema que los trata como peones en un tablero geopolítico.