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🇸🇻 El Salvadormartes, 3 de noviembre de 2026

La prensa extranjera que cubre El Salvador amanece hoy con un titular que es, a la vez, una noticia y un monumento a la paciencia estadística: Infobae América informa que octubre cerró con una reducción del 98% en los homicidios vinculados a estructuras criminales, con cuatro casos frente a los 240 del mismo mes de 2018, y con 27 jornadas sin muertes violentas. El dato es contundente y el medio lo presenta con la liturgia habitual de los balances oficiales: cifras de la Policía Nacional Civil, comparaciones interanuales, la mención del Plan Control Territorial de 2019 y del Régimen de Excepción aprobado el 27 de marzo de 2022 como explicación del descenso.

Hay que detenerse en la arquitectura del encuadre. Infobae elige comparar octubre de 2026 con octubre de 2018 —el año del promedio superior a diez homicidios diarios y picos de quince— y no con 2025, cuando ya se contabilizaban diez homicidios. Es una decisión editorial legítima y a la vez elocuente: el contraste más dramático es el que se ofrece, aunque el artículo, con honestidad, también consigna que el registro de este octubre quedó por debajo del año pasado. La reducción del 98% es real en los términos en que se enuncia, pero el medio no la problematiza: no pregunta qué queda del fenómeno criminal cuando la categoría que se mide es la de homicidios "vinculados a estructuras criminales", ni explora si la baja refleja una desarticulación de esas estructuras o un desplazamiento de sus economías hacia formas de violencia y extorsión que no producen cadáveres contabilizables. El titular subraya la caída; el texto no interroga su composición.

El segundo rasgo del encuadre es la naturalización del instrumento. El Régimen de Excepción aparece descrito en términos técnicos —suspendió temporalmente algunas garantías constitucionales y amplió las facultades de las instituciones de seguridad— sin que el artículo entre en el costo humano que esa suspensión ha tenido, ni en las preguntas que organismos internacionales han planteado sobre las detenciones masivas. No se le pide al medio un tratado de derechos humanos en una nota de balance policial, pero sí se puede señalar que la única voz citada es la de la corporación que produce los datos, y que el dato se convierte así en relato sin contrapeso. La fuerte presencia militar y policial que el texto reconoce incluso donde ya no hay cercos queda consignada como paisaje, no como objeto de análisis.

El tercer gesto, más sutil, es la anécdota del mes de junio: el caso de José Roberto Arévalo Mójica, capturado tras ser acusado de matar a su padrastro de 78 años, con discapacidad mental y antecedentes de violencia intrafamiliar. El medio lo elige como el caso que "llamó la atención a nivel nacional" del mes con menos homicidios del año. Es un detalle revelador: cuando las cifras bajan hasta el suelo, el homicidio que queda ya no es el de la pandilla sino el de la casa, el conflicto doméstico, la salud mental. El encuadre extranjero, al detenerse en ese caso, sugiere sin decirlo que la violencia salvadoreña ha cambiado de hábitat, y que el nuevo mapa del delito es más difícil de fotografiar que el anterior.

Lo genuinamente nuevo hoy, entonces, no es el dato —que se inscribe en una serie de balances oficiales que la prensa internacional viene replicando mes a mes— sino la consolidación de una fórmula narrativa: El Salvador como país que exhibe cifras de seguridad espectaculares, explicadas por un estado de excepción que el relato describe en términos administrativos. La prensa extranjera compra el titular y lo sirve sin fricción. La pregunta que queda flotando, y que ningún medio formula hoy, es la que el propio dato invita a hacer: qué significa una reducción del 98% cuando la línea de base es la de un país en guerra contra sus propias pandillas, y qué se está midiendo exactamente cuando se mide la ausencia de cadáveres. El espejo internacional devuelve hoy la imagen de un éxito estadístico. No devuelve la de un país que discute qué hizo con sus garantías para alcanzarlo.

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