EDITORIAL COMPLETO:
La prensa extranjera ha elegido hoy, como historia principal de El Salvador, una condena de doce años de prisión. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, según Infobae América, ha hallado responsable a V. M. M. P. de agredir sexualmente a una adolescente de trece años durante un convivio familiar por el Día de la Madre, en Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad Este. La noticia tiene todos los ingredientes que un corresponsal aprecia: una víctima menor, un contexto doméstico que debería ser seguro, un testigo que intervino, un peritaje psicológico y una sentencia que protege la identidad de la damnificada mediante reserva total. El relato, a diferencia de tantos otros que convierten al país en un epígrafe de la política migratoria estadounidense o en un escenario de guerra contra pandillas, se detiene aquí en el funcionamiento ordinario de un tribunal.
Lo que la mirada de afuera subraya hoy, entonces, no es la excepcionalidad salvadoreña sino su normalidad judicial. El artículo de Infobae América describe un proceso con todas las formalidades: declaración de la víctima bajo protocolo de cámara Gesell, testimonio presencial coincidente, informe psicológico, valoración conjunta de las pruebas y condena que incluye responsabilidad civil. Ese andamiaje procedural, que en cualquier otra latitud sería una rutina burocrática, adquiere aquí el peso de una novedad. La prensa extranjera presenta a El Salvador, por unas horas, como un país donde las instituciones procesan un delito sexual contra una menor con arreglo a la ley, sin apelar al régimen de excepción, sin protagonismo militar y sin la sombra de las pandillas. No es un titular heroico; es un titular que parece escrito desde la normalidad, y precisamente por eso resulta revelador.
Pero toda selección noticiosa es también una omisión. El mismo día, France 24 América Latina formula en su encabezado la pregunta que ha perseguido al país durante años: si la política de seguridad es un golpe contra las pandillas o contra los derechos humanos. Esa interrogación, instalada en los medios internacionales desde la declaratoria del régimen de excepción, convive con otras noticias menores que muestran a un El Salvador casi gris: un acuerdo comercial parcial con Belice que abarca más de cuatrocientas líneas arancelarias, el crecimiento de las empresas turísticas registradas de ciento sesenta a mil cincuenta en siete años según CORSATUR, un decomiso de droga valorado en más de cien mil dólares y la apertura de un diálogo con Singapur sobre innovación agrícola. El corresponsal extranjero que mire el conjunto del tablero podría creer que se trata de un país pequeño y administrado, ocupado en asuntos de aranceles y contabilidad doméstica, apenas perturbado por los coletazos de su pasado violento.
Esa es la distorsión más sutil de la mirada externa. Cuando El Salvador aparece en los titulares internacionales, suele ser por sus extremos: la mano dura o el éxodo, la violencia o la emergencia climática. Hoy, sin embargo, la noticia central es otra: un tribunal condena a un hombre por abusar de una menor en un caso que, lejos de los estereotipos, refleja la capacidad del sistema judicial para actuar con rigor y humanidad. Este enfoque, aunque valioso, sigue siendo fragmentario. Muestra un instante de equilibrio institucional, pero no logra capturar la complejidad de un país que oscila entre la normalidad que ansía y los dramas que lo persiguen. La prensa extranjera, al fin, solo fotografía lo que sus lentes están preparados para enfocar: ya sea el caos o la rutina, pero casi nunca el término medio donde late la verdadera vida de una nación.