La prensa extranjera retorna a El Salvador hoy con una noticia que, en su apariencia, es puramente ambiental: el Lago de Ilopango cubierto de basura tras la tormenta tropical Cristina, operativos de limpieza en marcha, llamados a la responsabilidad ciudadana. Infobea América, que sigue siendo el principal conducto de información internacional sobre el país, cubre el hecho con la precisión descriptiva que le caracteriza: fotos viralizadas, desbordamiento del río Chagüite, capacidad de retención superada, voluntarios retirando plásticos y envases, mensajes de la fundación Pro Lago de Ilopango sobre educación ambiental y cuidado de recursos.
Es, aparentemente, una crónica de desastre natural y respuesta ciudadana que podría ocurrir en cualquier país de la región tras un evento meteorológico intenso.
Pero el encuadre revela algo que merece escrutinio. Al presentar este episodio como un problema de gestión ambiental y educación ciudadana, la prensa internacional está, de hecho, naturalizando una pregunta que no formula: por qué el Lago de Ilopango —uno de los cuerpos de agua más importantes del país— acumula desechos sólidos en cantidades tales que una tormenta tropical puede convertirlo en un vertedero flotante. La cobertura enfatiza el "manejo inadecuado de residuos" y el "colapso de sistemas de drenaje", atribuyendo el problema a la falta de responsabilidad ciudadana y educación ambiental. Pero esa narrativa desplaza la pregunta más incómoda: dónde está la infraestructura de saneamiento, dónde está la gestión pública de residuos, cuál es el rol del Estado en la prevención de estos colapsos.
La fundación Pro Lago de Ilopango aparece en la cobertura como el actor principal de respuesta, no como un síntoma de ausencia estatal. Cuando una organización civil debe movilizar operativos de limpieza y lanzar campañas de educación ciudadana porque un lago se convierte en basurero tras una tormenta, lo que la prensa internacional está documentando no es un problema ambiental aislado. Es la evidencia de que la gestión pública del territorio y los recursos naturales opera, en el mejor de los casos, mediante la acción voluntaria de fundaciones. En el peor, mediante su ausencia.
La prensa extranjera subraya correctamente el impacto en la fauna, la flora y el turismo. Pero al enmarcar la solución como un asunto de "responsabilidad ambiental" ciudadana y "educación", está trasladando al salvadoreño común la responsabilidad de un problema que es, fundamentalmente, de planificación y capacidad estatal. No se trata de negar que la ciudadanía debe cuidar sus recursos. Se trata de reconocer que cuando esos recursos colapsan bajo la presión de una tormenta tropical predecible, el problema no es la conciencia ambiental sino la ausencia de sistemas que anticipen, contengan y gestionen crisis.
El detalle más revelador está en la mención de la "ecoborda", esa barrera destinada a contener residuos sólidos que Pro Lago de Ilopango mantenía activa "desde antes de las lluvias". Una fundación civil operando un sistema de contención de basura en un lago nacional. Esa imagen, que la prensa internacional documenta sin énfasis particular, es el verdadero relato: el de un país donde la protección de sus recursos naturales depende, en última instancia, de la voluntad de organizaciones que actúan en el vacío dejado por la gestión pública.