La prensa extranjera que hoy observa El Salvador se encuentra ante un fenómeno que podría llamarse la opacidad de la inversión pública: un gobierno que solicita y obtiene financiamiento masivo para programas educativos sin que los detalles operativos de esa inversión sean públicos antes de la aprobación legislativa.
Infobae América reporta que la Asamblea Legislativa autorizó un préstamo de USD 75 millones con la CAF para el programa "Dos escuelas por día", una iniciativa que, según la documentación oficial, busca "fortalecer el acceso a la educación y transformar la infraestructura de los centros educativos públicos mediante distintas obras e intervenciones". El préstamo tiene un plazo de 18 años con un período de gracia de 30 meses. La votación fue de 57 votos a favor. Hasta aquí, el relato es administrativo.
Pero la prensa extranjera, al reproducir el hecho, también reproduce una ausencia notable que la documentación legislativa deja explícita: no se detalla qué escuelas serán incorporadas, cuál será el calendario de obras, cuáles son los criterios de selección de los centros educativos ni cómo se distribuirá territorialmente el dinero. El medio que cubre esto para la audiencia internacional señala estas omisiones, pero no profundiza en lo que significan.
Lo que Infobae América deja en suspenso es la pregunta sobre la naturaleza de esa opacidad. ¿Es negligencia legislativa, práctica administrativa rutinaria, o un patrón deliberado? Un gobierno que ha mostrado capacidad para comunicar estrategias de seguridad con detalle granular, que ha publicado cifras de capturados y operativos con precisión casi diaria, ahora solicita endeudamiento por tres cuartas partes de una década sin especificar dónde caerá el dinero. La contradicción no es menor.
El medio internacional, al reportar esto, adopta un tono neutral que es en sí mismo revelador. Presenta los números, menciona las comisiones y gastos que la CAF cobrará (0,35% anual más 0,85% único más USD 40.000), registra la aprobación legislativa, pero no interroga por qué una autorización de esta magnitud para educación pública no incluye un mapeo previo de intervenciones. En contextos donde la rendición de cuentas es frágil, esa neutralidad periodística funciona como una forma de invisibilización.
Lo que emerge del relato de Infobea es que El Salvador está dispuesto a contraer deuda con condiciones claras (tasa de referencia más 1,80%, pagos semestrales, comisiones fijas) pero no está dispuesto, o no puede, a comunicar públicamente cómo se gastará ese dinero antes de que se gaste. El programa tiene un nombre que suena a ambición ("Dos escuelas por día"), tiene respaldo legislativo, tiene fuente de financiamiento internacional, pero carece de transparencia operativa.
La prensa extranjera, al cubrir esto, nos muestra a un país donde los mecanismos de endeudamiento funcionan con precisión burocrática mientras los mecanismos de planificación pública operan en la penumbra. No es un escándalo según el estándar de lo que Infobea considera noticia. Es apenas un hecho administrativo. Pero ese hecho contiene una verdad incómoda sobre cómo funciona la gobernanza en El Salvador: con claridad en los términos financieros y vaguedad en los términos políticos.