La noticia que hoy publica Infobae América sobre El Salvador es, en apariencia, menor: la Asamblea Legislativa autorizó con 57 votos a favor y tres en contra que la Dirección Nacional de Obras Municipales transfiera cincuenta camiones Sany, modelo 2025, valuados en 5,7 millones de dólares, a Constructora El Salvador, una sociedad anónima cuya accionista mayoritaria es la propia DOM. El texto añade que los votos a favor provinieron de Nuevas Ideas, Concertación Nacional y Democracia Cristiana, y los tres en contra de Alianza Republicana Nacionalista y Vamos. También recuerda que no es la primera transferencia: en abril de 2023 la misma constructora recibió equipos y plantas asfálticas por 14,1 millones, y ese mismo año un segundo paquete por idéntico monto, con maquinaria valorada en más de 11,9 millones y 93 unidades menores por 165.336 dólares. La DOM, precisa el medio, se financia con ingresos corrientes del Estado, asignaciones del Fondo General de la Nación y préstamos.
Hay en este despacho un dato que la prensa extranjera subraya sin subrayarlo: la operación se aprueba para que una empresa estatal compita por contratos dentro y fuera del país, obtenga utilidades y las entregue a la DOM para financiar obras municipales. Es decir, el Estado salvadoreño se dota de un brazo empresarial que licita contra privados y, a la vez, se capitaliza con bienes que ya eran públicos. El encuadre de Infobae es administrativo, casi contable: montos, modelos, votos, antecedentes. No hay en el texto una sola línea que pregunte por qué una constructora creada en 2023 necesita recibir camiones nuevos —no usados, no reasignados— para cumplir una función que la propia DOM ya cumplía. Tampoco aparece la pregunta, elemental, sobre quién integra la junta directiva de la sociedad, aunque el propio artículo menciona que algunos diputados la pidieron y que Nuevas Ideas rechazó las críticas. El medio consigna el disenso, pero no lo desarrolla; lo deja como un eco parlamentario sin consecuencias.
El diputado William Soriano, citado por Infobae, defiende el traslado como mecanismo para que la empresa estatal continúe obras en escuelas, hospitales, calles, puentes, unidades de salud, cascos urbanos y sistemas de agua potable, y menciona más de 65 proyectos en La Unión. La justificación es de eficiencia: si la constructora tiene camiones, hará más obra. El problema es que esa lógica, aplicada sin matices, convierte cualquier transferencia de activos en un acto de optimización y clausura la discusión sobre el diseño institucional. La prensa extranjera, al limitarse a reproducir el decreto y las cifras, adopta de facto ese encuadre. No dice que sea correcto; simplemente no lo discute.
Lo genuinamente nuevo hoy no es el hecho —las transferencias vienen desde 2023— sino la naturalización del mecanismo. La noticia ya no es que se transfieran bienes públicos a una empresa mixta, sino que se transfieran 5,7 millones más y que eso ocupe un lugar secundario en la agenda informativa sobre el país. La mirada de afuera ha dejado de sorprenderse. Y esa pérdida de asombro, más que cualquier cifra, es lo que hoy retrata a El Salvador desde el exterior.