La prensa internacional descubre hoy en Panamá un país que habla de equidad de género mientras sus estructuras de poder permanecen intactas. No se trata de un hallazgo sorprendente, pero el encuadre que Infobae América le imprime al estudio de la Iniciativa de Paridad de Género revela algo más interesante que la brecha misma: la forma en que Panamá se presenta a sí mismo como un territorio donde los problemas son susceptibles de medición, diagnóstico y, por tanto, solución técnica.
El estudio es riguroso. Las cifras son claras: las mujeres representan el 55% de la fuerza laboral pero apenas el 37% de las juntas directivas. El informe identifica con precisión los obstáculos, desde sesgos de género hasta ausencia de políticas de conciliación laboral. La Iniciativa de Paridad ha logrado lo que pocas iniciativas logran en América Latina: producir una línea base, establecer indicadores, convocar a actores públicos y privados. El Banco Interamericano de Desarrollo está presente. Las recomendaciones son concretas: campañas de sensibilización, revisión de procesos de selección, cuotas de género.
Pero aquí es donde la mirada extranjera debe detenerse. La cobertura de Infobea América, aunque informativa, reproduce una lógica que es problemática precisamente por su aparente racionalidad. Presenta a Panamá como un país que ha identificado su problema de equidad y que ahora debe implementar soluciones. Es el relato de la modernización corporativa, del capitalismo con rostro humano, de la brecha que se cierra mediante políticas internas y programas de capacitación.
Lo que se omite es más revelador que lo que se dice. El estudio cubre 111 empresas medianas y grandes, es decir, una fracción minúscula del tejido económico panameño. Las recomendaciones se dirigen al sector privado y a organismos públicos, pero no interrogan las estructuras políticas y sociales que producen esos sesgos de género en primer lugar. No hay reflexión sobre por qué, en un país donde las mujeres son el 55% de la fuerza laboral, solo el 37% llega a juntas directivas. No es un problema técnico de capacitación o mentoría. Es un problema de poder.
La narrativa internacional que Infobea América reproduce tiende a convertir a Panamá en un laboratorio donde se prueban soluciones. Un país donde los problemas son reales pero manejables, donde existen instituciones capaces de producir diagnósticos confiables y donde la voluntad política y empresarial puede cerrar brechas. Es una mirada que tranquiliza. Sugiere que Panamá está en el camino correcto, que posee los instrumentos para resolver sus desigualdades desde adentro, sin necesidad de transformaciones más profundas.
Lo que se pierde en ese encuadre es la pregunta incómoda: si Panamá puede medir con tanta precisión la brecha de género en las juntas directivas, ¿por qué no ha logrado cerrarla? Si el 63% de las empresas reporta compromisos formales con la igualdad de género, ¿por qué persisten los sesgos? La respuesta probablemente no está en la falta de programas de mentoría sino en la naturaleza misma de las estructuras que esos programas pretenden modificar.
La prensa extranjera, al cubrir este estudio, está retratando a un Panamá que se ve a sí mismo como un problema soluble mediante gestión corporativa. Eso es, en cierto sentido, un avance respecto a países donde ni siquiera se produce el diagnóstico. Pero también es una forma de domesticar la pregunta sobre la equidad, de convertirla en un asunto de políticas internas en lugar de transformación política. Panamá aparece hoy como un país que sabe cuál es su enfermedad. La pregunta que la prensa internacional evita es si tiene la voluntad de curarse.