🇵🇦 Panamá

La prensa internacional que cubre a Panamá ha hallado hoy un terreno donde el país parece actuar con coherencia institucional: la defensa de sus ecosistemas frente a presiones económicas. Infobae América reporta el veto presidencial de José Raúl Mulino a un proyecto de ley que habría debilitado la protección de los arrecifes coralinos, un acto que, en el contexto de la narrativa extranjera sobre Panamá, resulta casi sorprendente por lo que implica.

El encuadre que la agencia construye es notable por su precisión técnica. No se trata de una decisión política ambigua o de una concesión disfrazada. Mulino rechaza la iniciativa del diputado Benicio Robinson por razones explícitas: el proyecto pasaba de una prohibición expresa de construcciones sobre corales a un modelo de evaluación caso por caso, lo que abría márgenes de discrecionalidad administrativa. El veto presidencial señala, con claridad, que la norma carecía de definiciones sobre qué actividades se permitirían, qué permanecería prohibido y cuáles serían los estándares ambientales mínimos. Esta es la clase de argumentación que la prensa extranjera suele asociar con Estados frágiles incapaces de sostener posiciones firmes.

Lo que la cobertura subraya, sin embargo, es que en este caso la fragilidad no ganó. Panamá enfrenta presiones reales: blanqueamiento coralino en Portobelo, Las Perlas, Coiba; aumento de la temperatura marina, sobrepesca, turismo no regulado. El país tiene planes de desarrollo que contemplan el uso recreativo de sus costas. La tentación de flexibilizar normas ambientales para facilitar inversión es, en contextos latinoamericanos, casi irresistible. Que el Ejecutivo haya resistido, y haya articulado un argumento institucional coherente para hacerlo, es lo que captura la atención de Infobea.

Pero el encuadre también revela algo sobre cómo la prensa extranjera lee las prioridades de Panamá. Los arrecifes coralinos son, sin duda, un bien público. La Autoridad de los Recursos Acuáticos del país señala que son ecosistemas altamente productivos que mantienen zonas costeras, alimentan economías locales y sustentan turismo. Pero en el contexto de una nación donde jubilados insisten en equiparación de pensiones menores a 600 dólares, donde la corrupción ha capturado sistemas tributarios completos y donde la seguridad ciudadana sigue siendo un desafío, la cobertura internacional de una decisión ambiental puede parecer desproporcionada.

Lo que ocurre aquí es que la prensa extranjera, al reportar este veto, está validando una narrativa alternativa sobre la capacidad estatal panameña: no la de un Estado capturado o negligente, sino la de un Estado capaz de defender límites institucionales cuando lo considera necesario. Es un matiz importante. No significa que Panamá haya resuelto sus problemas de gobernanza, pero sí que hay espacios donde la lógica institucional aún prevalece sobre la presión económica inmediata. La pregunta que la cobertura deja implícita es si esa misma coherencia se aplica de manera consistente en otros ámbitos donde está en juego el interés público.

La prensa extranjera que cubre a Panamá ha vuelto su atención hoy a un fenómeno que, lejos de ser nuevo, adquiere una dimensión alarmante por su escala y su sofisticación: la captura del sistema tributario por redes de corrupción que operan desde adentro de la administración estatal. Infobae América dedica su principal cobertura a la Operación Pandora, un operativo que detiene a 19 personas acusadas de manipular E-Tax, la plataforma digital encargada de administrar los impuestos del país.

Lo que distingue este encuadre del que la prensa internacional ha venido trazando sobre la corrupción panameña es su énfasis en la mecánica del delito: no se trata aquí de desvíos de fondos o de enriquecimiento pasivo, sino de la colonización técnica de una infraestructura crítica. Según el reportaje, los investigados utilizaban accesos privilegiados para eliminar del registro tributario cuentas que ya habían cancelado sus obligaciones, transformando esos montos en lo que el sistema clasificaba como pagos no aplicados, que luego eran comercializados a entidades crediticias. Es decir, el crimen no robaba dinero; alteraba la realidad digital que el Estado utiliza para saber cuánto dinero tiene.

Este detalle importa porque la prensa extranjera, al reportarlo, está señalando algo más grave que la corrupción convencional: la posibilidad de que el Estado panameño no controle completamente sus propias herramientas de control. Cuando funcionarios de la DGI pueden manipular registros tributarios, cuando pueden transferir deudas entre contribuyentes o crear créditos fiscales sin respaldo comercial, la pregunta que flota implícitamente en el reportaje es si existe aún una frontera clara entre lo que el Estado dice que sucede y lo que sucede realmente.

La cifra que Infobae América subraya es reveladora de cómo la prensa internacional mide la gravedad: el perjuicio estimado ha escalado de 934 mil dólares en investigaciones iniciales a entre 40 y 80 millones de dólares en auditorías posteriores. No es solo que el fraude haya crecido; es que nadie sabía cuán grande era porque el sistema que debería detectarlo había sido comprometido. Esa brecha entre lo que se creía y lo que era real es, para la mirada extranjera, el verdadero escándalo.

Lo que el encuadre internacional omite, sin embargo, es igualmente significativo. No hay análisis sobre por qué tres años de investigaciones no han producido aún sentencias, por qué los operativos continúan descubriendo nuevas modalidades de fraude, o qué ha fallado en los mecanismos de auditoría interna que permitió que estas redes operaran durante tanto tiempo. Tampoco hay reflexión sobre si la captura de E-Tax es síntoma de una vulnerabilidad más amplia en la arquitectura digital del Estado panameño.

El mensaje que la prensa extranjera envía, implícitamente, es que Panamá enfrenta no solo un problema de corrupción sino de integridad institucional en su nivel más técnico: si los sistemas no pueden ser confiables, si los registros pueden ser alterados por funcionarios, entonces ninguna promesa de reforma o depuración tiene peso real. Es una lectura que va más allá del escándalo del momento y toca la capacidad fundamental del Estado para ejercer soberanía sobre su propia información.

El contrabando de cigarrillos es, en apariencia, un asunto de rutina aduanera. Un decomiso de 165 mil dólares en mercancía ilegal en Calidonia, coordinación interinstitucional, labores de inteligencia, custodia de evidencia. El relato que Infobea América construye sobre el operativo panameño es el de una máquina estatal que funciona: policía, fiscalía, aduanas trabajando en conjunto, sin incidentes, capaces de identificar puntos de acopio e interrumpir flujos ilegales.

Pero el encuadre que la prensa extranjera elige para este evento revela algo más profundo sobre cómo lee a Panamá en este momento. No se trata de un país donde el crimen organizado ha capturado el Estado o donde las instituciones son teatro de corrupción. Se trata de un país donde el Estado intenta funcionar contra las redes criminales, donde hay coordinación, donde hay inteligencia operativa, donde hay resultados tangibles. El énfasis está en la capacidad, no en la incapacidad.

Lo que es notable, sin embargo, es lo que este encuadre omite o subordina. El artículo menciona que el mercado clandestino de cigarrillos genera pérdidas millonarias al fisco cada año y constituye uno de los principales desafíos en materia de control aduanero. Pero no profundiza en por qué persiste, en qué medida los operativos son respuesta a un problema de escala o síntoma de una batalla que el Estado está perdiendo. Tampoco interroga las estructuras que permiten que la mercancía ingrese de manera irregular al territorio nacional con la regularidad que el texto sugiere.

La prensa extranjera, en suma, está leyendo a Panamá como un Estado que trabaja. Esto es un cambio respecto a meses anteriores, cuando el encuadre gravitaba hacia la vulnerabilidad fronteriza, la presión geopolítica, la corrupción institucional. Hoy el relato es más modesto: autoridades que decomisan, que investigan, que coordinan. Es posible que esto refleje una realidad mejorada. Es también posible que refleje simplemente la selección de un evento que permite narrar competencia estatal. En cualquier caso, el matiz es distinto. Panamá no aparece como un país fallido o capturado, sino como uno donde las instituciones aún tienen capacidad de acción, aunque sea contra un enemigo que, según el mismo texto, sigue ganando terreno.