La prensa extranjera que hoy reporta sobre Panamá ha decidido enfocar la mirada en un fenómeno que, aunque no es nuevo en la región, adquiere aquí una particularidad que merece ser examinada: la corrupción administrativa no como acto aislado de funcionarios deshonestos, sino como sistema. Infobea América publica sobre la Operación Pandora, la investigación que destapó una red de manipulación del sistema tributario panameño por más de 40 millones de dólares, y en ese relato hay un encuadre que revela algo significativo sobre cómo la prensa internacional está aprendiendo a leer las vulnerabilidades institucionales panameñas.
El dato principal, en apariencia, es técnico: nueve señales de alerta detectadas en auditorías internas, patrones repetitivos en el sistema E-Tax 2.0, documentos omitidos, operaciones antiguas reactivadas años después sin justificación, anulaciones de transacciones cuya existencia podía verificarse en registros públicos. Pero lo que la cobertura de Infobea subraya, con cierta precisión, es que el mecanismo no fue sofisticado en su ocultamiento sino en su ejecución administrativa. Fueron los errores rutinarios, la falta de consistencia entre reportes, la omisión de documentos en entregas oficiales, los que terminaron exponiendo la estructura. Una red que operaba dentro de la máquina estatal, con acceso privilegiado, conocimiento de procedimientos internos, capacidad para alterar códigos tributarios y trasladar créditos entre contribuyentes. Diecinueve personas involucradas, entre abogados, funcionarios en ejercicio y exfuncionarios.
Lo que la prensa internacional no enfatiza, pero que el texto permite reconstruir, es una pregunta incómoda: cuánto tiempo llevaba esta estructura operando antes de que un reporte interno no coincidiera con otro. El documento menciona anulaciones de transacciones de cinco, diez, incluso más de quince años atrás, cuyas operaciones originales ya habían concluido exitosamente. Eso sugiere un sistema que no fue detectado por meses o años, sino posiblemente por décadas, hasta que alguien decidió cruzar datos de forma rutinaria. La Operación Pandora aparece entonces no como resultado de una investigación proactiva, sino como consecuencia del azar administrativo.
El encuadre de Infobea, sin embargo, privilegia un ángulo que la prensa internacional suele preferir cuando reporta sobre corrupción en América Latina: el de la captura estatal por actores criminales o corruptos, la infiltración de la máquina pública por particulares y funcionarios deshonestos. Es un relato que tranquiliza al lector extranjero porque permite una narrativa de buenos contra malos, de instituciones que eventualmente responden y exponen a los culpables. Lo que queda menos claro en la cobertura es si esta red fue un caso excepcional o un síntoma de vulnerabilidades estructurales más profundas en cómo Panamá administra sus sistemas tributarios. Si el E-Tax 2.0 permitía estas manipulaciones, cuántos otros sistemas estatales operan con grados similares de permeabilidad.
Panamá, en esta lectura extranjera, sigue siendo visto como un territorio donde las instituciones pueden ser capturadas, donde el acceso privilegiado y el conocimiento interno permiten desviaciones significativas de recursos públicos. Pero también, y esto es lo que la prensa internacional subraya con cierta satisfacción, como un lugar donde eventualmente esos mecanismos son expuestos, donde hay capacidad de auditoría, donde existen procesos judicales y acuerdos de pena. No es un relato de colapso, sino de vulnerabilidad institucional con capacidad de reacción. Para la prensa extranjera, eso es suficiente para narrar a Panamá como un Estado que, aunque frágil, posee los mecanismos para identificar y procesar sus propias patologías. La pregunta que permanece sin respuesta en esa narrativa es si esos mecanismos llegan a tiempo, o si, como ocurrió aquí, solo actúan cuando el daño ya ha sido monumental.