La muerte de “Valiente”, la tortuga lora atacada por perros en Punta Chame, ha encontrado un eco inesperado en la prensa internacional. Infobae América dedica un reportaje pormenorizado a este incidente y, al hacerlo, pone bajo el reflector extranjero un fenómeno que en Panamá suele tratarse como una nota menor de crónica ambiental: la depredación de fauna protegida por mascotas sin control. El encuadre merece ser examinado, porque lo que el artículo subraya —y lo que omite— revela tanto sobre la mirada de afuera como sobre la realidad que esa mirada pretende retratar.
El texto de Infobae es meticuloso en los detalles: describe el ataque, los esfuerzos veterinarios fallidos, el protocolo de sepultura del cadáver y la cifra de seis incidentes similares en lo que va del año. También contextualiza el valor biológico de las playas panameñas, recordando que el país alberga cinco de las siete especies de tortugas marinas del planeta y que la Zona de Reserva Playa La Marinera es uno de los únicos once sitios del mundo con arribadas masivas. La narrativa, en apariencia, es impecable: se denuncia un daño concreto, se apela a la responsabilidad ciudadana y se cita a las autoridades ambientales.
Sin embargo, el encuadre internacional presenta un sesgo sutil pero significativo: al individualizar el problema en la figura del perro suelto y en la falta de control de las mascotas, el reportaje elude preguntas estructurales que, de haberlas incluido, habrían redondeado un análisis más incómodo para el país. ¿Cuántos de esos perros son animales abandonados, producto de una tenencia irresponsable que las autoridades locales rara vez sancionan? ¿Qué presupuesto y qué personal tiene la Dirección de Costas y Mares para patrullar kilómetros de litoral durante la temporada de anidación? La prensa extranjera tiende a presentar estos hechos como una falla de conciencia ciudadana, cuando en realidad son también una falla de gestión estatal: falta de vigilancia, falta de campañas sostenidas de esterilización y control de la población canina, falta de coordinación entre el Ministerio de Ambiente y las alcaldías de distritos como Chame o Tonosí.
Esa omisión no es inocente. La prensa foránea, cuando reporta sobre biodiversidad en países en desarrollo, suele recurrir a un registro que combina lo pintoresco (las tortugas marinas como espectáculo natural) con lo alarmista (el peligro inmediato de las mascotas). Rara vez se detiene a examinar la arquitectura institucional que permite que esas amenazas persistan. En el caso de Panamá, el resultado es un retrato que, siendo factualmente correcto, resulta incompleto: se menciona que el cuerpo de “Valiente” fue sepultado lejos de la orilla para evitar malos olores, pero no se pregunta por qué en un país que presume de ser “hub de biodiversidad” los protocolos de conservación dependen de la buena voluntad de los dueños de perros.
La ironía, desde luego, es que Panamá se presenta a sí mismo como un santuario de la naturaleza, y en parte lo es: tener cinco de las siete especies de tortugas marinas del planeta en sus costas no es un dato menor. Pero esa riqueza biológica convive con una fragilidad administrativa que el artículo de Infobae registra sin nombrar. El verdadero valor del reportaje, entonces, no está en lo que dice, sino en lo que permite inferir a quien conoce el contexto local: la muerte de una tortuga lora no es solo una tragedia ecológica, sino un síntoma de la brecha entre la retórica conservacionista del país y los recursos efectivos que dedica a hacerla realidad. La prensa extranjera, al encuadrar el hecho como un llamado a la tenencia responsable, despolitiza un problema que es, en esencia, político.