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🇵🇦 Panamásábado, 24 de octubre de 2026

La prensa extranjera que cubre Panamá se detiene hoy en un trámite: la Autoridad Marítima de Panamá inició el proceso para cancelar el registro de siete embarcaciones que Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones por vínculos con Irán. Infobae América lo cuenta con la precisión de un expediente, y el encuadre merece examen, porque no es el del escándalo sino el de la gestión. El país aparece, otra vez, como el lugar donde se resuelven los problemas que otros detectan.

Los hechos, tal como los publica el medio, son estos: la OFAC sancionó el 21 de octubre a un bufete con oficinas en Panamá y Grecia, Karnakis and Karnakis, por constituir sociedades que habrían servido para ocultar a los beneficiarios reales de buques que transportaron cientos de millones de dólares en petróleo, petroquímicos y acero iraníes. Entre las naves señaladas hay tres —Anemos, Gloris y Pride— que, según la investigación estadounidense, transportaron mercancía de origen iraní durante el último año. La AMP respondió activando el Decreto Ejecutivo 512 de octubre de 2024 y anunciando que endurece los controles previos al abanderamiento. La historia, contada así, tiene una arquitectura tranquilizadora: Washington señala, Panamá ejecuta.

Lo que el encuadre subraya es la capacidad de reacción del registro mercante, uno de los principales del mundo. Lo que deja en penumbra es la pregunta anterior: cómo esas sociedades y esas naves obtuvieron bandera panameña en primer lugar. El texto de Infobae menciona que la investigación forma parte de la Operation Economic Outcast, dirigida contra las redes que permiten a Irán comercializar productos sancionados, y que el mecanismo consistía en dificultar la identificación de los propietarios efectivos. Es decir, el problema no era la falta de normas sino la facilidad con que se las rodeó. La nota lo dice sin subrayarlo: la medida llega después de que la OFAC actuara, no antes.

Hay un detalle que el despacho consigna y que conviene retener: las sanciones estadounidenses, precisa, no constituyen por sí mismas una condena penal de las personas involucradas en Panamá. Es una aclaración jurídicamente correcta y periodísticamente honesta, pero también revela el lugar incómodo desde el que el país aparece en la prensa extranjera: el de la jurisdicción que facilita, y luego administra, las consecuencias de lo que otros investigan. La política de cero tolerancia que la AMP reitera suena, en ese contexto, a promesa renovada más que a hallazgo.

El segundo titular del día, sobre la enfermedad que Panamá busca mantener fuera de su territorio, confirma la tendencia: el país noticioso para la mirada de afuera es el que se defiende, el que contiene, el que cancela registros y cierra fronteras sanitarias. No es un retrato hostil. Es un retrato funcional, donde Panamá comparece como administrador de riesgos ajenos. La pregunta que el encuadre no formula —quién permitió que el riesgo se instalara— queda para mañana, o para nunca.

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