Hay algo que la prensa extranjera que cubre Panamá parece haber descubierto con veinte años de retraso: que el dietilenglicol existió. Infobae América dedica hoy su despacho más extenso a las disculpas públicas que el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon Vásquez, ofreció a las víctimas y familiares de la tragedia sanitaria de 2006, en cumplimiento de una sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema fechada el 27 de julio de 2026. El encuadre elegido es el del arrepentimiento tardío, y el mérito del texto está en no quedarse en la ceremonia: enumera lo que sigue pendiente.
Los números que el medio consigna bastan para medir la distancia entre el perdón y la reparación. De 472 demandas de indemnización presentadas ante la Sala Tercera, solo 63 habían sido resueltas favorablemente hasta octubre de 2026, con compensaciones fijadas en 25.000 dólares por víctima reconocida. La CSS reservó 300.000 dólares para indemnizar a los primeros doce beneficiarios cuyas sentencias fueron notificadas formalmente. Es decir: veinte años, alrededor de 800 muertes estimadas hasta 2010 —cifra que el propio medio aclara que no constituye un balance oficial actualizado—, y un primer desembolso que cabe en una caja menor. La plataforma digital anunciada para consultar el estado de los procesos y sus pagos por provincias es, en ese contexto, una metáfora involuntaria: el país ha aprendido a administrar la consulta del trámite mejor que el trámite mismo.
El artículo tiene el acierto de no tratar el caso como una catástrofe natural ni como un accidente aislado. Describe la cadena: una sustancia tóxica procedente de China comercializada como glicerina farmacéutica, intermediarios internacionales, laboratorios de la CSS, un jarabe expectorante distribuido a pacientes de la seguridad social. Y nombra lo que esa cadena reveló: graves fallas en los controles de calidad de los insumos. También recoge la persistencia del daño: sobrevivientes con insuficiencia renal y trastornos neurológicos que requieren vigilancia médica prolongada, y denuncias confirmadas por la Defensoría del Pueblo en agosto de 2026 por falta de medicamentos y demoras en las citas. La disculpa de Mon, que él mismo presenta como deuda moral y no solo como acatamiento judicial, convive con esa realidad sin resolverla.
Lo que el encuadre extranjero subraya, entonces, es la justicia que llega tarde y a cuentagotas: una sentencia de julio, una disculpa de octubre, un pago parcial en septiembre, un centro de toxicología que la institución promete sostener con independencia de los cambios de administración. Lo que el encuadre deja en segundo plano es la pregunta anterior a todo eso: por qué un sistema público de salud compró materia prima sin verificar su procedencia, y qué cambió en esos controles desde entonces. El texto menciona las condenas —los quince años elevados en 2017 contra Ángel de la Cruz, Edward Taylor y Miguel Algandona, y las absoluciones y modificaciones posteriores—, pero no traza la línea que un lector de afuera necesitaría para saber si el país aprendió algo más que a pedir perdón.
El resto de los titulares del día ayuda a calibrar la mirada. Infobae América informa del aumento de alertas por operaciones sospechosas en bancos e inmobiliarias, de trece detenidos por el escándalo de nombramientos docentes y falsificación de diplomas, de un nuevo intento por aumentar los descuentos a jubilados en la Asamblea, de expertos de siete países que recomiendan sobre el futuro forestal, y de una enfermedad que puede causar parálisis permanente y que Panamá busca mantener fuera de su territorio. Leídos en conjunto, estos despachos componen un país que vigila sus fronteras sanitarias con celo comprensible mientras arrastra, dentro de ellas, una herida que tardó dos décadas en recibir una disculpa y todavía no ha recibido su factura completa.
La prensa extranjera no distorsiona: selecciona. Y al elegir el perdón como noticia, nos recuerda que en Panamá la memoria institucional funciona por sentencia judicial. El dietilenglicol no fue un terremoto; fue una decisión humana repetida en cada eslabón de una cadena que alguien no quiso revisar. Que haga falta un fallo de la Corte Suprema para que una institución diga en voz alta lo que debía haber dicho hace veinte años dice menos de la sensibilidad de sus funcionarios que de la fuerza de sus tribunales. Es un consuelo, y es también una advertencia: cuando la justicia es el único órgano que recuerda, el olvido solo espera su próximo turno.