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🇵🇦 Panamáviernes, 20 de noviembre de 2026

La prensa internacional que cubre Panamá se enfrenta hoy a un dilema de coherencia narrativa que su propio encuadre ha generado. Mientras Infobea América reporta que la economía panameña encadenó cuatro meses consecutivos con crecimiento superior al 7 por ciento, y mientras una feria inmobiliaria espera concretar ventas por 82 millones de dólares, los mismos medios que celebran estas cifras dedican espacio considerable a denuncias penales contra operadores portuarios y a crisis en el sector porcino. El contraste no es accidental: refleja una tensión profunda en cómo se lee internacionalmente a Panamá, una tensión que hoy se vuelve casi insostenible.

El caso de Panama Ports Company es ilustrativo de esta fractura. La Contraloría ha denunciado presuntas irregularidades que supuestamente dejaron al Estado sin percibir 1.337 millones de dólares durante la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal. Es un monto que, en el contexto de un país cuya economía crece al 7 por ciento, adquiere peso específico. Pero lo que la cobertura internacional no termina de resolver es si se trata de un síntoma de corrupción sistémica o de un ajuste de cuentas políticas con una concesión que nunca fue popular. Infobae presenta los hechos sin resolver esa ambigüedad: la denuncia existe, la auditoría existe, pero también existe un arbitraje internacional donde CK Hutchison reclama más de 1.500 millones de dólares. El Estado panameño, por su parte, ha gastado 8,18 millones de dólares en abogados internacionales para defenderse. Es un gasto que suena desproporcionado si se trata de un caso de corrupción local, pero razonable si se trata de una disputa sobre soberanía sobre activos estratégicos.

Lo que la prensa extranjera no termina de enmarcar con claridad es esto: ¿está Panamá persiguiendo la recuperación legítima de un activo público, o está buscando justificación penal para una decisión política de recuperar los puertos? La denuncia de la Contraloría llega después de que la Corte Suprema ya declaró inconstitucional la ley que autorizó la concesión. Después de que el Gobierno ya ocupó temporalmente las instalaciones. Después de que ya se asignaron los puertos a nuevos operadores. La secuencia de eventos sugiere que la investigación penal es un paso posterior a decisiones ya tomadas, no un descubrimiento que las motivó. Pero Infobae no lo dice así. Simplemente reporta que la Contraloría presentó la denuncia, que los hallazgos están contenidos en un informe de auditoría, que el contralor Flores cuestionó la información financiera de la compañía.

Hay un tercer elemento que la cobertura internacional apenas toca: mientras Panamá lidia con arbitrajes internacionales por los puertos, su economía sigue creciendo. Los compradores de Estados Unidos, Colombia y Brasil mantienen interés en propiedades superiores a 300 mil dólares. El presidente Mulino viaja a Punta Cana y al Reino Unido. Hay movimiento, hay dinero, hay confianza de inversores. Esto no encaja fácilmente en el relato de una nación en crisis que la prensa internacional ha estado tejiendo desde hace meses. Pero tampoco encaja en un relato de normalidad institucional, porque simultáneamente hay 50 denuncias diarias por violencia doméstica, hay crisis en el sector porcino, hay cerdos acumulándose por falta de compradores.

Lo que emerge es un Panamá que la prensa extranjera no sabe cómo leer como totalidad. Es un país donde el crecimiento económico coexiste con la violencia, donde se recuperan activos portuarios mientras se litiga en arbitraje internacional, donde hay inversión inmobiliaria y crisis sectorial. La denuncia penal contra Panama Ports Company es real, documentada, basada en hallazgos de auditoría. Pero su presentación internacional tiende a subrayar la irregularidad, la pérdida de ingresos estatales, la negligencia de funcionarios públicos, sin resolver si todo esto es evidencia de corrupción o de un Estado que finalmente está ejerciendo control sobre un contrato que nunca debió existir. Esa ambigüedad permanece sin resolverse en el reportaje, y quizás sea porque la prensa internacional, como el propio Panamá, aún no sabe bien qué significa.

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