La prensa extranjera que cubre Panamá se asoma hoy al país por la puerta de la contabilidad. Infobae América dedica su pieza al levantamiento del Ministerio de Comercio e Industrias sobre el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre, y el dato que elige para el titular es una proporción modesta: una de cada cinco empresas evaluadas reportó afectaciones. Setenta y cinco establecimientos, sobre un universo de 454 registrados en las zonas golpeadas, de los cuales se logró contactar a 362. El encuadre es el de la recuperación económica en marcha, con su vocabulario de inventarios, gremios y fondos de garantía, y no el de la catástrofe que el propio texto, unas líneas más abajo, se ve obligado a admitir.
Porque la misma pieza, cuando abandona el terreno del MICI y se detiene en las evaluaciones disponibles al 30 de octubre, consigna cifras de otra naturaleza: 17,891 viviendas inspeccionadas, 57,879 personas con necesidades humanitarias, 6,654 personas que permanecían en 140 albergues, 619 centros educativos afectados junto con instalaciones sanitarias, carreteras y sistemas de abastecimiento de agua. El terremoto más fuerte registrado en el país en lo que va de siglo, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, aparece así escindido en dos relatos que el artículo yuxtapone sin reconciliar: el de los negocios que necesitan capital de trabajo y el de las comunidades que siguen en albergues. La mirada de afuera privilegia el primero, quizá porque ofrece una historia con mecanismos, montos y responsables identificables. El Gobierno dispone de 310 millones de dólares en instrumentos financieros, 160 de crédito y 150 de fondo de garantías, con 100 millones de disponibilidad inmediata mediante Banconal, el MEF y el BID. Esa arquitectura institucional es, para el lector extranjero, más legible que la persistencia del desamparo.
Hay, sin embargo, un matiz que el texto de Infobae recoge y que merece más atención de la que el titular le concede. Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, advierte que la situación podría ser más amplia porque numerosas actividades económicas funcionan fuera de los registros formales: fincas, granjas, tiendas y pequeños alojamientos rurales cuya identificación representa un desafío adicional. Es la confesión de un límite epistemológico. El 20.7% de afectación no mide el daño; mide lo que el Estado alcanzó a ver. La presidenta de FEDECÁMARAS, Alicia Jiménez, habla de unas 550 personas censadas y reconoce que todavía no existe una cuantificación definitiva de las pérdidas, mientras los negocios deben afrontar planillas y compromisos bancarios con ingresos reducidos. El propio MICI mantiene 92 establecimientos pendientes de evaluación y anuncia que la próxima semana consolidará los inventarios para presentarlos al Consejo de Gabinete. La noticia, en rigor, es que el balance aún no existe.
El encuadre extranjero, en suma, convierte una emergencia abierta en un parte de gestión. Subraya la coordinación entre el MICI, el CONEP, FEDECÁMARAS y el PNUD, y omite el hecho de que el país atraviesa, un mes después del sismo, una fase en la que la ayuda todavía se está contando. No es una distorsión deliberada; es la inclinación natural de una prensa que necesita cierre narrativo y lo encuentra en la promesa de medidas de respaldo económico. Pero conviene leer la proporción del titular con la cautela que el propio texto sugiere: una de cada cinco empresas evaluadas no es una quinta parte del daño, sino una quinta parte de lo evaluado. La diferencia entre ambas cosas es la que separa el periodismo de la estadística oficial.