La prensa internacional que hoy se asoma a Panamá a través del reportaje de Infobae América encuentra un escenario que no es exactamente nuevo, pero cuya fisonomía se ha ido agrietando con el tiempo. El encuadre ya no es el del país que administra su Canal y colecciona megaproyectos, ni siquiera el de la crónica judicial que documenta la caída de sus figuras públicas. El titular de este sábado —“Mulino se opone a que la Policía Municipal asuma funciones de seguridad en la capital”— retrata a un país enzarzado en una disputa institucional de baja intensidad, pero con los elementos necesarios para escalar: un presidente que interviene por redes sociales para calificar de “inconstitucional” una norma municipal, un herido que sigue hospitalizado, y una Corte Suprema que ya tramita una demanda de nulidad mientras una demanda de inconstitucionalidad fue rechazada en su momento. La mirada extranjera, en este caso Infobae, subraya el choque vertical entre el Ejecutivo y la Alcaldía de Panamá, y el episodio se presta para una lectura que trasciende el detalle administrativo.
Lo que la crónica resalta con cuidado es la posición presidencial: Mulino, en su cuenta de X, recuerda que la Policía Municipal “nació para cuidar parques y monumentos” y advierte que permitir que cada alcalde desarrolle una estructura similar “sería un desastre”. La imagen del mandatario corrigiendo al alcalde Mayer Mizrachi a través de una nota pública, con referencias al Servicio de Protección Institucional y a los uniformes que se confunden, tiene el atractivo de toda anécdota de poder en crudo. Pero el texto de Infobae no se detiene en el exabrupto; reconstruye con paciencia la genealogía del conflicto: el Acuerdo Municipal No. 162 del 17 de junio de 2025, publicado en la Gaceta Oficial el 7 de agosto de ese año, la reorganización del cuerpo de seguridad local, las atribuciones que el Ministerio de Seguridad cuestionó desde el inicio —requerían una ley marco que nunca llegó— y la presión de sectores políticos que ven en esta iniciativa un avance hacia la fragmentación territorial de la seguridad pública.
Lo que subyace en el relato es una pregunta incómoda para la imagen internacional de Panamá: ¿hasta qué punto la obsesión por el control centralizado —que en otros tiempos se justificó con el argumento de la estabilidad— está ahogando la descentralización que, en teoría, debería ser parte de un Estado moderno? La prensa extranjera, incluso la que suele celebrar los éxitos económicos del país, no puede evitar notar que estos roces institucionales dibujan un mapa de tensiones donde el progreso material choca con las inercias de un sistema político aún anclado en lógicas del siglo pasado. Y en ese choque, lo que queda en evidencia no es solo la fragilidad de las instituciones, sino la dificultad de un país para proyectar una identidad pública más allá de los eslóganes de "país de oportunidades".