La prensa extranjera que hoy reporta sobre Panamá ha decidido enfocar la mirada en un territorio que raramente aparece en sus despachos: el aula, y más específicamente, la relación asimétrica entre docente y estudiante como espacio donde se reproduce una forma de violencia que trasciende lo meramente individual. Infobae América publica sobre la imputación de una profesora de matemáticas en Santiago, Veraguas, por maltrato a una estudiante, y en ese caso particular construye un relato más amplio que merece ser examinado por lo que revela sobre cómo la prensa internacional está aprendiendo a leer las vulnerabilidades panameñas.
La noticia en sí no es excepcional. Un caso de abuso docente, un protocolo de investigación, medidas cautelares. Lo que resulta notable es el movimiento interpretativo que Infobea realiza alrededor de ese hecho: la introducción del concepto de "asimetría de poder" como explicación estructural, no anecdótica, de lo que ocurre en las aulas panameñas. El artículo cita a psicólogos que diagnostican el problema no como la conducta patológica de una docente individual, sino como una dinámica sistémica en ese colegio en particular. Luego expande: documenta que el Ministerio de Educación ha identificado que la violencia escolar no se limita al acoso entre pares, sino que involucra conductas de violencia docente. La violencia, en esta lectura, es estructural.
Pero aquí comienza la distorsión que merece atención. El artículo, al desarrollar el panorama de vulnerabilidad estudiantil, introduce factores que diluyen la responsabilidad institucional: violencia familiar, inseguridad social, acompañamiento familiar insuficiente, aislamiento, falta de atención emocional. Estos son elementos reales, sin duda, pero su inclusión en el relato produce un efecto que la prensa extranjera frecuentemente genera sin intención de hacerlo: la responsabilización de la comunidad y las familias por problemas que tienen raíces en decisiones de política educativa y gestión institucional. El Ministerio de Educación, según el artículo, ha "activado mecanismos de apoyo" y fomenta "la colaboración entre orientadores, docentes y familias". Suena a solución. Pero la pregunta que la cobertura internacional no formula es si la activación de protocolos es suficiente cuando la estructura de poder en el aula permanece intacta.
Lo que la prensa extranjera omite es igualmente revelador. No hay en el artículo reflexión sobre la formación docente en Panamá, sobre las condiciones laborales de los maestros, sobre si existe capacitación sistemática en competencias emocionales o si el sistema educativo está diseñado para reproducir jerarquías. Tampoco hay cuestionamiento sobre por qué un caso de maltrato llega a imputación penal antes que a un proceso de reforma pedagógica más profundo. La narrativa extranjera, en su competencia técnica, documenta protocolos y jornadas de sensibilización, pero no interroga las estructuras que hacen posible que esa asimetría de poder sea, en primer lugar, permitida.
Hay un patrón aquí que vale la pena nombrar. Cuando la prensa internacional reporta sobre violencia en Panamá, tiende a hacerlo desde dos ángulos: el de la seguridad ciudadana, donde la violencia es delincuencia, o el de la vulnerabilidad social, donde la violencia es síntoma de descomposición familiar y comunitaria. Rara vez interroga la violencia institucional, la que se ejerce desde adentro de estructuras que deberían proteger. Y cuando lo hace, como en este caso, tiende a domesticar el problema mediante la narrativa de "respuesta institucional", de protocolos y sensibilización, que tranquiliza al lector extranjero: el sistema tiene mecanismos, las autoridades actúan, hay esperanza.
Lo que falta es la pregunta incómoda: ¿por qué en 2025 un país que ha invertido en modernización institucional sigue produciendo aulas donde la asimetría de poder es lo suficientemente severa como para traumatizar a estudiantes hasta el punto de que no logren graduarse? La respuesta probablemente no sea simple, y por eso la prensa extranjera, que opera bajo presión de tiempo y espacio, la evita. Pero esa evasión tiene consecuencias. Deja intacta la percepción de que Panamá es un país que responde a sus problemas, que tiene protocolos, que sensibiliza. Lo que no dice es que esos mecanismos pueden ser teatro institucional si no van acompañados de una transformación real en cómo se entiende la relación entre poder y educación.