La prensa internacional que cubre a Panamá hoy regresa a un territorio narrativo que parecía relegado: el de la política social doméstica. Infobae América, con su cobertura de la entrega de 338 viviendas y 180 títulos de propiedad en Chiriquí, introduce un encuadre que merece examinarse, no tanto por lo que dice sino por lo que su presencia misma significa en el flujo de noticias sobre el país.
Durante meses, el relato extranjero sobre Panamá ha girado obsesivamente alrededor de tres ejes: la seguridad fronteriza, la presión geopolítica china, y la capacidad estatal para combatir el crimen transnacional. Panamá aparecía, en esa narrativa, como un espacio donde las fuerzas externas —diplomáticas, criminales, estratégicas— determinaban los hechos que importaban. El país era un tablero, no un actor con agenda propia.
La noticia de hoy introduce, sin aspavientos, un elemento diferente: la gestión de políticas públicas ordinarias. El presidente Mulino en Chiriquí, acompañado de ministros y autoridades locales, distribuyendo viviendas y seguridad jurídica a familias vulnerables. Es, en apariencia, un acto de gobierno rutinario. Pero su presencia en la cobertura internacional sugiere algo: que la prensa extranjera comienza a reconocer, o al menos a registrar, que en Panamá ocurren cosas que no son crisis, conflictos diplomáticos o batallas contra carteles.
Sin embargo, el encuadre sigue siendo problemático. Infobae América reproduce el comunicado oficial casi sin mediación crítica. No cuestiona las cifras de inversión, no indaga sobre el alcance real del programa, no examina si estas entregas responden a una estrategia integral de política habitacional o si funcionan como operaciones de visibilidad política. El artículo está estructurado como una crónica de acto oficial: el presidente habla, los ministros acompañan, las autoridades locales presiden, se cumplen objetivos.
Lo que falta es la pregunta incómoda que toda cobertura seria debería hacerse: ¿qué significa que Panamá, un país con ingresos medios-altos gracias a los ingresos del canal, siga dependiendo de entregas puntuales de viviendas para resolver el déficit habitacional de sus sectores más vulnerables? ¿Por qué una provincia como Chiriquí, que no es la más pobre del país, requiere que el presidente en persona legitime estas entregas? ¿Cuál es la brecha entre el número de viviendas entregadas y la demanda real?
La prensa extranjera, al cubrir esto sin esas preguntas, incurre en una omisión que es casi tan reveladora como lo que publica. Trata a Panamá como un país donde las políticas sociales son noticias porque son excepcionales, no porque sean sistémicas. Y eso, paradójicamente, refuerza la imagen que la cobertura internacional ha construido durante años: la de un Estado que funciona a saltos, impulsado por voluntad política coyuntural y no por instituciones consolidadas.
Hay, además, un matiz generoso en cómo Infobae presenta los números. Nueve millones de balboas en inversión, 338 viviendas, 180 títulos, más de 750 personas beneficiadas. Son cifras que suenan importantes en un comunicado. Pero la prensa internacional no contextualiza: ¿cuál es el déficit habitacional total en Panamá? ¿Cuántas personas siguen viviendo sin títulos de propiedad? ¿A qué ritmo avanzan estas entregas comparadas con la demanda?
Lo que emerge de esta cobertura es un Panamá que, en la mirada extranjera, sigue siendo un país donde la política social es noticia porque es esporádica, donde el presidente debe aparecer en persona para legitimar lo que debería ser función ordinaria de la administración, y donde la seguridad jurídica de la propiedad sigue siendo un logro que merece celebración pública. No es un encuadre falso. Pero es un encuadre que, al no interrogar sus propias premisas, termina reproduciendo la imagen de un Estado que avanza por actos de voluntad política más que por capacidades institucionales consolidadas.