La prensa internacional que hoy reporta sobre Panamá ha decidido desplazar el foco de atención hacia un territorio que raramente ingresa en los análisis de vulnerabilidad estatal: la biodiversidad como indicador de crisis institucional. Infobae América publica sobre los seis felinos grandes que habitan el país bajo amenaza creciente, y en ese relato hay un encuadre que merece examinarse porque revela algo que trasciende lo meramente ecológico.
El artículo articula una cadena causal que es, en realidad, una cadena de fracasos. La pérdida de hábitat no es presentada como fenómeno natural inevitable, sino como resultado directo de decisiones humanas: expansión agrícola, ganadería extensiva, urbanización. La fragmentación de poblaciones de jaguares, pumas y ocelotes no es un dato zoológico abstracto, sino evidencia de que el Estado panameño, a través de sus políticas territoriales, ha permitido o facilitado la destrucción de los ecosistemas donde estas especies coexistían históricamente. Cuando el texto menciona que "la conservación de estos depredadores no depende únicamente de quienes administran las áreas protegidas, sino también del compromiso de todos aquellos que comparten el territorio", está siendo diplomático: lo que realmente dice es que las áreas protegidas han resultado insuficientes.
Lo interesante del encuadre internacional aquí es que la biodiversidad no aparece como asunto romántico o de interés naturalista. Aparece como síntoma. Los felinos son los canarios en la mina. Su declive señala que los mecanismos de gobernanza ambiental panameña son débiles, que la presión económica sobre los territorios forestales supera cualquier regulación, que la caza furtiva persiste, que el tráfico ilegal continúa. La mención de la visita del director de la International Big Cat Alliance suena, en este contexto, como un acto de asistencia técnica a un país que no logra resolver por sí mismo la preservación de su patrimonio natural.
Pero hay un matiz más sutil en cómo la prensa extranjera está leyendo esto. No está culpabilizando únicamente a Panamá por la depredación. Menciona la "competencia con especies introducidas o domésticas", la "demanda de carne de monte", el "conflicto con actividades ganaderas". Está reconociendo que hay presiones estructurales: la pobreza rural que impulsa la caza de subsistencia, la ganadería como actividad económica de poblaciones locales, la falta de alternativas productivas. En otras palabras, está viendo a Panamá como territorio donde la conservación ambiental choca frontalmente con la supervivencia económica de sus habitantes, y donde el Estado no ha logrado mediar esa tensión.
Lo que la prensa internacional omite, o apenas toca, es la pregunta política: por qué un país con una ubicación geográfica privilegiada, con acceso a recursos financieros internacionales para conservación, con parques nacionales establecidos desde hace décadas, sigue viendo cómo sus grandes depredadores se retiran hacia el olvido. La respuesta probablemente no sea técnica sino institucional. Y eso es lo que el encuadre extranjero deja implícito: Panamá no carece de información sobre cómo conservar jaguares. Carece de la capacidad o la voluntad política para hacerlo cuando eso entra en conflicto con intereses económicos más inmediatos.