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🇵🇦 Panamálunes, 9 de noviembre de 2026

La prensa extranjera que cubre Panamá se detiene hoy en un rincón del sistema de salud que rara vez hace noticia, y lo hace con una precisión que merece atención. Infobae América publica una pieza sobre las enfermedades raras, y el dato que ordena todo el relato es una asimetría: 500 diagnósticos confirmados frente a una proyección de 240.000 habitantes afectados. Entre esas dos cifras no hay un error de cálculo, sino un vacío de información. El país, según el propio texto, no cuenta con un registro nacional consolidado para estas patologías, y la ausencia de un sistema de notificación obligatorio limita el conocimiento real del problema. El encuadre es el de la brecha entre lo que se sabe y lo que se estima, y conviene subrayarlo porque es un ángulo distinto al del desastre natural o al de la oportunidad exportadora: aquí el déficit no es de infraestructura visible ni de mercados, sino de datos.

El artículo se apoya en un hecho legislativo concreto: la Asamblea Nacional dio tercer debate al Proyecto 257, que modifica y adiciona artículos a la Ley 28 de 2014. Esa norma garantizaba protección social y acceso a servicios de salud para pacientes con enfermedades raras, pero varias de sus disposiciones nunca se implementaron. La actualización llega, según el texto, con una mora de once años respecto a la sanción original. El detalle importa porque desplaza el foco desde la existencia de una ley hacia su incumplimiento: el marco legal existía desde 2014, y la meta declarada de mejorar la calidad de vida mediante una atención integral, dice Infobae, hoy no está plenamente garantizada en la práctica. La pieza no se limita a anunciar una reforma; expone que la reforma corrige una demora.

Hay en el texto un contraste que la mirada extranjera elige destacar y que conviene leer con cuidado. El dengue, la malaria, el mpox o el hantavirus se vigilan y reportan de forma sistemática; las enfermedades raras, no. Panamá tiene 22 enfermedades raras identificadas hasta ahora, frente a unas 7.000 en el mundo, y menos del 10% de las personas afectadas globalmente cuenta con un tratamiento aprobado. El Proyecto 257 obligaría a todos los establecimientos de salud, públicos y privados, a reportar anualmente al MINSA información sobre incidencia, prevalencia, mortalidad, diagnóstico y tratamiento, desagregada por área geográfica. Es decir, el país se propone empezar a contar lo que hasta ahora solo estima. El encuadre de Infobae no es el del escándalo, sino el de la deuda estadística: un Estado que planifica políticas públicas sobre proyecciones internacionales porque no tiene registro propio.

La pieza, sin embargo, omite el nombre de los pacientes, la voz de las asociaciones que llevan años empujando esta agenda y cualquier referencia al costo fiscal de la atención integral que la ley promete. Tampoco menciona qué pasó con los 500 diagnósticos confirmados ni dónde se atienden. El texto se queda en el marco jurídico y en la aritmética de la prevalencia, y esa contención, aunque informativa, deja fuera la dimensión humana que su propio titular invoca al hablar de protección social. La prensa extranjera vuelve a mirar a Panamá por la puerta de los expedientes pendientes, y esta vez el expediente tiene once años de mora y 240.000 nombres que aún no figuran en ningún registro.

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