La prensa internacional que cubre a Panamá hoy reproduce, casi sin variación, un patrón narrativo que se ha consolidado en los últimos meses: la presentación del gobierno Mulino como un actor que avanza en la distribución de bienes públicos de carácter social. Infobae América, el único medio extranjero que reporta hoy sobre el país, dedica su cobertura a la entrega de 338 viviendas y 180 títulos de propiedad en Chiriquí, un evento que el gobierno enmarca como parte de un programa nacional de soluciones habitacionales.
Lo interesante no es el hecho en sí, que es administrativo y localizado, sino el modo en que la prensa extranjera lo selecciona y lo presenta. Que una entrega de viviendas en una provincia sea considerada noticia de suficiente relevancia para ser cubierta por un medio de alcance regional sugiere algo sobre cómo se está narrando hoy a Panamá desde afuera: como un país donde el gobierno demuestra capacidad de gestión en lo cotidiano, donde las instituciones —en este caso la ANATI y el MIVIOT— funcionan, donde hay dinero invertido (más de nueve millones de balboas, según el ministro Jované) y donde los beneficiarios son identificables y cuantificables.
El encuadre es deliberadamente técnico y positivo. No hay crítica, no hay interrogantes sobre la sostenibilidad del programa, no hay mención a las familias que quedan fuera o a las deficiencias del sistema. El presidente Mulino aparece en acción, la primera dama lo acompaña, hay funcionarios especializados explicando procesos de digitalización y modernización. Es el retrato de un Estado que funciona, al menos en esta provincia, al menos en este rubro.
Pero hay algo que la cobertura no examina y que merece serlo. La inversión de nueve millones de balboas en 338 viviendas es, en términos per cápita, modesta. El énfasis en la "seguridad jurídica" mediante títulos de propiedad —que la ANATI describe como habilitante para "acceso a oportunidades de financiamiento"— es una forma de decir que se está regularizando la informalidad, no eliminándola. Y el hecho de que se requiera acreditar "posesión real, pública, pacífica e ininterrumpida" para obtener un título sugiere que estamos ante un proceso de formalización de lo que ya existe, no de creación de nuevo patrimonio.
La prensa extranjera, al no profundizar en estas complejidades, termina legitimando una narrativa que el gobierno quiere: la de un Panamá que avanza en lo social, que cuida a sus vulnerables, que moderniza sus instituciones. Es posible que sea cierto. Pero también es posible que sea insuficiente, y que la cobertura internacional, al no hacer esa pregunta, esté cumpliendo una función de validación que trasciende lo meramente informativo. En un país donde la geopolítica y la seguridad han dominado el relato extranjero durante tanto tiempo, la aparición de una noticia sobre viviendas y títulos de propiedad puede parecer un alivio. Pero la ausencia de escepticismo, de cifras comparativas, de contexto sobre déficit habitacional real, sugiere que estamos ante un encuadre que es menos un análisis que una aceptación de lo que el gobierno quiere que se vea.