La narrativa internacional sobre Panamá ha girado bruscamente hacia un territorio donde la soberanía se mide no por la capacidad de gobernar, sino por la capacidad de resistir. La BBC Mundo, con su cobertura meticulosa de la crisis con China, expone un dilema que trasciende lo meramente portuario: Panamá se encuentra atrapado en una contienda geopolítica donde sus decisiones domésticas generan consecuencias que escapan completamente a su control.
El encuadre es revelador. No se trata de un análisis sobre la constitucionalidad del fallo de la Corte Suprema panameña respecto a CK Hutchison, ni tampoco de un examen de los méritos legales de la decisión. La prensa extranjera enfatiza, en cambio, la mecánica de represalia: ciento treinta y seis buques panameños detenidos en abril de 2026, seis punto cuatro veces el promedio de 2025. Las cifras se presentan como evidencia de un castigo económico sistemático, y ese es precisamente el punto que domina la interpretación global.
Lo que la BBC subraya, mediante los análisis de García-Herrero y Ellis, es que China está enviando un mensaje que trasciende a Panamá. Pekín, según esta lectura, está demostrando a otros gobiernos de la región el costo tangible de no cooperar con sus intereses empresariales. La represalia no es una respuesta proporcional a una decisión judicial; es un acto de disuasión geopolítica. Y Panamá, en esta narrativa, aparece menos como un Estado que ejerce su derecho soberano a revisar concesiones portuarias y más como un territorio donde dos superpotencias negocian el precio de la obediencia.
Lo omitido es tan significativo como lo dicho. La cobertura internacional no examina con igual profundidad los argumentos panameños sobre por qué esa concesión de 1997 fue declarada inconstitucional. No cuestiona si la presencia de una empresa china en dos puertos estratégicos del canal constituía o no una vulnerabilidad real. No analiza si la decisión de la Corte Suprema respondió únicamente a presión estadounidense o si tuvo fundamentos jurídicos independientes. El presidente Mulino afirma que no existe injerencia china en el canal, pero esa afirmación apenas aparece como un contrapeso a la narrativa dominante de represalia.
La distorsión es sutil pero efectiva. Al enmarcar el conflicto como una represalia económica contra decisiones que fueron motivadas por presión externa, la prensa internacional convierte a Panamá en un peón pasivo en un juego entre Washington y Pekín. Se pierde de vista la posibilidad de que un tribunal panameño haya tomado una decisión basada en derecho constitucional panameño, independientemente de quién se beneficiara de ella. En su lugar, emerge la imagen de un país que no puede tomar decisiones sin pagar un precio geopolítico inmediato.
Y quizá ese sea el verdadero encuadre que la prensa internacional está transmitiendo: Panamá no es un país que controla su destino. Es un corredor por el que transita el 6% del comercio mundial, una vía donde dos superpotencias negocian influencia, y un territorio donde la soberanía formal existe pero la capacidad de ejercerla sin consecuencias es una ilusión. La represalia china no es solo una respuesta a una decisión judicial; es un recordatorio de que en la geopolítica contemporánea, algunos países no tienen el lujo de elegir entre potencias. Solo tienen el de elegir cuál será el precio que pagarán por cualquier decisión que tomen.