La captura de Stephany Maryel Villarreal en Madrid vuelve a confirmar un patrón que la prensa internacional ya conoce bien: Panamá no es un problema de seguridad aislado, sino un eslabón operativo de una cadena criminal que funciona a escala continental. Pero lo que merece atención hoy no es la repetición del diagnóstico, sino lo que esa repetición revela sobre cómo el mundo exterior está leyendo la realidad panameña.
Infobae América, al reportar sobre la captura y vincularla con la Operación Éxodo, construye un relato donde Panamá aparece como un territorio cuya función ha sido sistemáticamente capturada por redes que operan desde afuera hacia adentro. La detención de Villarreal no es presentada como un éxito de la seguridad panameña, sino como un episodio más en una serie de arrestos de ciudadanos panameños en suelo europeo. Juan Carlos Valencia Escobar capturado en Madrid en mayo. El líder del Cártel de Bagdad detenido en Pozuelo de Alarcón en febrero de 2023. Una lista que crece, que se internacionaliza, que trasciende las fronteras del país.
Lo que la prensa internacional omite deliberadamente en este encuadre es una pregunta incómoda: si tantos operadores criminales panameños están siendo capturados en Europa, ¿dónde está la investigación sobre cómo lograron salir de Panamá en primer lugar? La narrativa se enfoca en la cooperación internacional, en la sofisticación de las redes, en el uso de Sky ECC y criptomonedas, en la capacidad de contaminar contenedores en puertos. Pero evita interrogar la permeabilidad de las instituciones panameñas que permitió que estas estructuras operaran desde el territorio nacional con la impunidad suficiente como para luego trasladarse a Europa.
La Operación Éxodo, según el texto, comenzó en febrero de 2023. Eso significa que la investigación tardó años en desarrollarse, que la estructura criminal operó simultáneamente en Panamá y varios países europeos sin ser detectada sino hasta mucho después. El relato de Infobea América celebra implícitamente la cooperación entre Panamá, España e Interpol, pero esa cooperación funciona mejor persiguiendo a los criminales en territorio europeo que previniendo su operación en territorio panameño.
Lo que emerge de este encuadre es una Panamá que es útil para el crimen internacional precisamente porque sus instituciones de seguridad carecen de la capacidad o la voluntad de contenerlo internamente. Los puertos funcionan. Las conexiones logísticas existen. Las comunicaciones encriptadas se usan sin interferencia. El blanqueo de capitales encuentra canales financieros disponibles. Y cuando finalmente las autoridades reaccionan, lo hacen en coordinación con socios extranjeros, persiguiendo a los operadores en Madrid o Barcelona, no en Colón o Panamá Oeste.
La prensa internacional lee esto como un problema de crimen organizado transnacional. Pero hay una lectura alternativa que esa prensa evita: Panamá como un Estado cuya capacidad institucional ha sido erosionada lo suficiente como para que el crimen encuentre en él un espacio de operación garantizado. No es una cuestión de geografía que el crimen explota, sino de instituciones que el crimen ha capturado o que simplemente no funcionan.
Villarreal será extraditada, enfrentará justicia en Panamá. Eso es lo que el relato internacional subraya. Pero mientras tanto, la pregunta sobre por qué pudo operar libremente durante años en el territorio nacional permanece sin respuesta en el encuadre de la prensa extranjera. Y esa omisión, paradójicamente, es lo más revelador sobre cómo el mundo está viendo hoy a Panamá: no como un país que necesita reformar sus instituciones, sino como una infraestructura que ya ha sido capturada y que simplemente espera a que sus socios internacionales limpien el desorden en los márgenes.