La prensa extranjera vuelve a mirar a Panamá a través del prisma fiscal, pero esta vez con un enfoque que revela tanto las contradicciones internas como los límites de la mirada foránea. El proyecto para gravar operaciones digitales, presentado como una actualización necesaria ante la economía digital, es narrado por Infobae América con un énfasis en las cifras —esos 100 millones de dólares anuales que promete recaudar el Estado— pero sin ahondar en el trasfondo político que sí asoma en los comentarios ciudadanos citados al final del artículo.
Llama la atención cómo el medio internacional reproduce acríticamente el discurso oficial sobre "equidad tributaria" entre comercios físicos y digitales, pero apenas roza el malestar social ante una reforma percibida como otro impuesto encubierto. La ironía está servida: mientras el ministro Chapman insiste en que no se crea un nuevo tributo, sino que se aplica uno existente, la prensa extranjera no cuestiona por qué este esfuerzo recaudatorio no viene acompañado de una reforma a los privilegios legislativos que tanto indignan a la ciudadanía panameña.
El análisis de Infobae se concentra en los mecanismos técnicos —desde la geolocalización por IP hasta el código de la tarjeta SIM— para determinar el pago del ITBMS, pero omite indagar en dos puntos clave: la capacidad real de implementación de una DGI que históricamente ha tenido dificultades para fiscalizar lo tangible, y el hecho de que esta medida llega en un contexto donde la credibilidad fiscal del Estado está en entredicho. La prensa internacional parece más interesada en presentar a Panamá como un caso de modernización tributaria que en examinar las tensiones entre recaudación y legitimidad que el propio artículo deja entrever.
Queda la sensación de que, una vez más, la mirada extranjera prefiere quedarse con la superficie de las cifras antes que adentrarse en el subsuelo político donde se juega la verdadera aceptación de estas reformas. Mientras tanto, los titulares secundarios —choques institucionales y vedas de camarón— completan un panorama donde lo económico sigue dominando el relato internacional sobre Panamá, dejando en penumbras las fracturas sociales que esas mismas políticas generan.