La prensa internacional que hoy reporta sobre Panamá elige un ángulo que revela algo incómodo sobre la sostenibilidad del modelo de bienestar social del país: la incapacidad del propio Estado para financiar las obligaciones que contrae. Infobae América, único medio extranjero en la cobertura, documenta que entidades estatales panameñas adeudan cerca de veintiséis millones de dólares a la Caja de Seguro Social, pero lo que importa no es la cifra en sí, sino lo que ella comunica sobre la arquitectura institucional de Panamá.
El encuadre extranjero subraya un dato que desmorona cualquier narrativa de orden: mientras la CSS recaudó ciento cuarenta y cinco millones de dólares más en los primeros seis meses de 2026 respecto al mismo período de 2025, la cartera morosa creció veintidós millones en apenas seis meses, a una velocidad superior a la de los ingresos. Esto no es un problema de recaudación insuficiente. Es un problema de disciplina fiscal dentro del propio aparato estatal.
Lo que la prensa extranjera ve, sin necesidad de explicitarlo, es una contradicción fundamental: el Estado panameño financia pensiones, subsidios y atención médica mediante contribuciones que sus propias instituciones se niegan a pagar. El setenta y ocho por ciento del nuevo saldo moroso proviene de apenas diez empleadores del sector público. Entre ellos, la Universidad Autónoma de Chiriquí, cuya deuda de casi once millones de dólares representa por sí sola cerca de la mitad del incremento semestral. Durante trece años, bajo la gestión de Etelvina Medianero de Bonagas, el presupuesto de esa institución pasó de treinta y seis millones a más de ochenta millones proyectados para 2026, mientras la administración manejó casi mil millones de dólares. La renuncia de la rectora en junio, después de meses de cuestionamientos, no borra el hecho de que una universidad pública acumuló una deuda monumental con el sistema de seguridad social mientras su presupuesto se duplicaba.
El relato que construye Infobea es el de un Estado que no puede gobernar sus propias finanzas. Doscientas treinta y tres entidades estatales figuran en diferentes etapas de morosidad, con obligaciones que rondan los veintiséis millones de dólares. Aunque esa cifra representa apenas el ocho punto seis por ciento de toda la cartera morosa de la CSS, su impacto es desproporcionado: fue el sector público, no los miles de empleadores privados, el principal responsable del crecimiento reciente. La provincia de Panamá concentra dos terceras partes del saldo nacional. Chiriquí, donde está la Unachi, registra treinta millones. La geografía de la morosidad pública es una geografía de instituciones que crecieron sin límite mientras sus obligaciones se acumulaban.
Lo que la prensa extranjera no dice, pero que su encuadre permite leer, es que Panamá ha construido un sistema de seguridad social que depende de la disciplina fiscal de empleadores que carecen de ella. La CSS reveló que algunas entidades ya cancelaron sus compromisos o iniciaron gestiones para ponerse al día después del cierre del informe. Esos movimientos se reflejarán en la publicación de cierre de 2026. Pero la promesa de pago futuro no es noticia. Lo que importa es que el Estado panameño, en junio de 2026, debía veintiséis millones de dólares a su propio sistema de seguridad social. Eso es lo que la prensa internacional ve cuando mira a Panamá hoy: un país donde las instituciones públicas financian su crecimiento con deuda contraída con los trabajadores que supuestamente protegen.