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🇵🇦 Panamámiércoles, 21 de octubre de 2026

La prensa extranjera que cubre Panamá amaneció hoy con dos despachos de Infobae América que, leídos juntos, componen una estampa fiscal sin adornos. El primero es una cifra: la deuda pública alcanzó los 62.777,7 millones de dólares al cierre de septiembre de 2026, tras crecer 4.083,3 millones en doce meses, un 7% más que en septiembre de 2025. El segundo es un gesto: el Gobierno distribuyó 2,4 millones de dólares entre 228 alcaldías y juntas comunales para atender los efectos del terremoto. El contraste no es una ironía del destino sino una lección de escala. El país reparte migajas entre municipios mientras debe, cada mes, más de lo que esos municipios recibirán en total.

El mérito del despacho de Infobae es que no se queda en el titular del récord. Desglosa. Explica que el saldo subió 859,2 millones solo en septiembre, y que el motor fue un préstamo de 1.000 millones del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Bladex, solicitado, según la resolución publicada en la Gaceta Oficial, para cubrir necesidades estacionales de liquidez del Presupuesto General del Estado. Es decir: no hay obra, no hay proyecto, no hay promesa. Hay caja. A eso se suman 407 millones en letras del Tesoro y 12,6 millones de organismos multilaterales, algunos destinados al saneamiento de Arraiján y La Chorrera, a la inclusión social y al saneamiento de la bahía de Panamá. El medio enumera también las amortizaciones, las variaciones cambiarias, los 175,2 millones que añadió el tipo de cambio. No oculta nada. Y al hacerlo, traza el hilo narrativo que la prensa extranjera ha adoptado para Panamá en los últimos meses: el país como una economía que crece en obligaciones más rápido de lo que crece en capacidad de pagarlas.

Lo que el texto subraya con más fuerza no es el monto sino la estructura. Los bonos concentran 34.961 millones, el 55,7% de la deuda total. El BID registra 4.149 millones, Citi 3.877, BBVA Nueva York 2.479, la CAF 2.288, el Banco Mundial 2.261, Santander 1.363. Es un mapa de acreedores que revela dependencia de los mercados de capital y de la banca institucional, tanto interna como externa. Y luego está el dato que las calificadoras repiten y el despacho recoge: Fitch calculó que los intereses absorbieron aproximadamente el 18,8% de los ingresos públicos en 2025, frente a una mediana del 11,4% entre países con calificación BB. Moody's y S&P han advertido que la sostenibilidad fiscal dependerá de contener el endeudamiento y reducir los déficits. El servicio de la deuda de septiembre rondó los 660 millones, de los cuales 216,8 millones fueron solo intereses de bonos globales, sin tocar el capital. Entre enero y agosto, los intereses ya sumaban 2.084,9 millones. Es dinero que sale y no vuelve, que no construye un puente ni paga un maestro.

El encuadre extranjero, sin embargo, tiene una omisión que conviene señalar. El despacho compara administraciones: los 26.612,8 millones que recibió Cortizo en julio de 2019, los 51.812,8 al terminar su gestión en junio de 2024, un aumento del 94,7%, y los 10.964,9 millones adicionales desde que Mulino asumió, un 21,2% en 27 meses. La comparación es justa en los números, pero el relato que construye tiende a presentar la deuda como una fatalidad heredada, una suerte de clima fiscal que ningún gobierno controla. No es del todo falso, pero tampoco es toda la verdad. El préstamo de Bladex no lo firmó Cortizo. Las letras del Tesoro de septiembre no las colocó la administración anterior. La prensa extranjera, que tan bien desmenuza las cifras, se queda corta al nombrar la responsabilidad de quien decide endeudarse hoy, en tiempo presente, para cubrir liquidez corriente.

Hay además un matiz que el despacho deja pasar y que el segundo titular de la jornada ilumina sin proponérselo. Los 2,4 millones para 228 alcaldías y juntas comunales equivalen, en promedio, a unos 10.500 dólares por entidad. Frente a los 859,2 millones que creció la deuda en un solo mes, la ayuda territorial es una fracción estadísticamente invisible. La prensa extranjera no lo dice, pero el lector atento lo deduce: el Estado panameño tiene margen para repartir consuelo entre municipios, pero no para dejar de pedir prestado. La solidaridad con los damnificados del terremoto y la dependencia del crédito de corto plazo conviven en el mismo presupuesto, y esa convivencia es la noticia que el encuadre de afuera, por pudor o por rutina, no termina de nombrar.

No es un día de giro narrativo. La historia fiscal de Panamá sigue siendo la misma que la prensa extranjera viene contando desde hace meses: una deuda que sube, un interés que pesa, unas calificadoras que advierten. Lo genuinamente nuevo es la precisión del desglose y la aparición, en el mismo día, de la escala menuda de la respuesta estatal. El país debe más de 62.700 millones y reparte 2,4 entre 228 gobiernos locales. La aritmética no requiere adjetivos. Solo requiere que alguien, dentro de Panamá, la lea con la misma atención con que la lee la prensa de afuera.

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